El Tapón del Darién es una de las selvas más espesas del mundo. Una imagen actual de este inhóspito paraje mostraría una topografía difícil, ríos, animales salvajes y miles de migrantes enfrentados a estos y otros peligros, muchos muriendo allí y con ellos su sueño americano.
Esta jungla de 575.000 hectáreas es un parque nacional panameño que une a Suramérica con el istmo centroamericano, y es el único punto en el que se interrumpe la Panamericana, la carretera más larga del mundo.
Pero durante décadas el crimen organizado ha habilitado trochas por las que han pasado armas, drogas y migrantes irregulares, estos últimos ahora a raudales, convirtiendo este tráfico en una de las actividades ilícitas más lucrativas, sino la más.
«La realidad detrás de todo esto es que es un negocio muy, muy rentable», más que «la droga y con menos riesgos (…) se puede organizar de manera que la gente paga en cada país si quieres continuar», dijo a EFE el jefe de Misión de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) en Panamá, Giuseppe Loprete.
Las autoridades de Panamá, el único país en América con una operación humanitaria en torno al flujo migratorio que se mueve hacia Estados Unidos, contabilizaron que 248.284 viajeros entraron en el 2022 a su territorio tras cruzar la selva, una cifra sin parangón pero que palidecerá ante los 400.000 que esperan este año de mantenerse el actual ritmo de llegadas.
Atrás quedaron números como los 133.726 migrantes irregulares que padecieron al Darién en el 2021 o 30.055 de 2016, durante la primera crisis migratoria debido al paso de cubanos.
Aunque los nacionales de países suramericanos y caribeños destacan por el grueso de sus números, a esta selva tropical pantanosa llegan indocumentados de más de medio centenar de países del mundo movidos por redes transnacionales y a través de medios aéreos y marítimos.
La ruta que siguen en América atraviesa varios países del sur hasta llegar a Colombia, la entrada a la jungla que desemboca en Panamá. Este trayecto selvático de unos 260 kilómetros es descrito como infernal por los migrantes.
Es así que la frase «si lo llego a saber no lo hago», resuena en las estaciones migratorias panameñas, donde los migrantes reciben alimentos y atención sanitaria. Se dicen engañados por los que ofertaron la ruta selvática como rápida, mientras relatan episodios de violencia, incluida la sexual, o cómo vieron muertos por doquier.
El rol central del Clan del Golfo colombiano
Un informe de la Fundación Ideas para la Paz (FIP) y la Iniciativa global contra el crimen organizado transnacional (GI-TOC), como miembros de la red de la Convención de las Naciones Unidas contra el Crimen Organizado Transnacional de América Latina, da cuenta del rol central del colombiano Clan del Golfo en el tráfico de migrantes por el Darién.
El Clan mantiene un control hegemónico de la región del lado colombiano de la frontera con Panamá, por lo que tanto las redes nacionales e internacionales de tráfico como los migrantes que llegan solos deben interactuar de alguna manera con el grupo para que les permita y les facilite el paso, dice el documento de 40 páginas.
Este grupo criminal colombiano cobra un «impuesto por las actividades relacionadas con la migración», señala el informe «La frontera del Clan. Migración irregular y crimen organizado en el Darién», publicado en noviembre pasado.
Los investigadores dijeron que «no se hallaron evidencia de la incidencia directa del Clan del Golfo en el tránsito ni en el transporte de la población migrante fuera de su zona de dominio ni más allá de la línea fronteriza con Panamá».
Esa situación puede atribuirse al intento del Clan de «evitar ser visible» al Servicio Nacional de Fronteras (Senafront) panameño, «que, a diferencia de su contraparte colombiana, realiza operaciones en la selva para contrarrestar a los asaltantes de migrantes».
Los investigadores recuerdan además «antecedentes del control criminal sobre las economías informales derivadas del fenómeno migratorio y sobre la regulación del tráfico de migrantes», citando un informe de 2013 de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (Unodc, por sus siglas en inglés).
Ese documento «ya señalaba la relación de los grupos armados en el Darién con la migración, asegurando que ‘usufructúan el fenómeno del tráfico ilícito de migrantes hacia Panamá, generando una fuente de financiación alterna por el control de las rutas y los corredores de movilidad en el Tapón del Darién’».
Y no solo las redes criminales se lucran. «Es inocultable, y debe ocupar un lugar central en las discusiones de política pública», que esta creciente ola migración irregular está beneficiando económicamente a municipios fronterizos de Colombia y de Panamá, como recoge un informe.
Autoridades de Estados Unidos, Colombia y Panamá sostuvieron a mediados de febrero pasado una nueva reunión para «coordinar esfuerzos para salvaguardar la vida de los migrantes que cruzan el Darién, desmantelar las organizaciones criminales que controlan redes de tráfico de personas, y «combatir la desinformación acerca de los supuestos beneficios de emprender el peligroso viaje», entre otros.
EFE
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