La Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI) anunció el 12 de marzo de 2026 que no investigará las sanciones impuestas por Estados Unidos a Venezuela como posibles crímenes de lesa humanidad. Esta decisión responde a la ausencia de pruebas suficientes que demuestren una relación directa de «causalidad e intención» entre las sanciones y los delitos denunciados por el gobierno venezolano.
El caso, conocido como “Situación en Venezuela II”, fue abierto tras una solicitud presentada por la administración de Nicolás Maduro en 2020. En ella, se alegaba que las medidas coercitivas estadounidenses habían causado asesinatos, persecuciones y deportaciones, entre otros actos inhumanos.
Tras un examen preliminar, la Fiscalía concluyó que no existe una base razonable para proceder con la investigación, pues los datos disponibles no acreditan que los actos denunciados se cometieran con la intención necesaria para encuadrarse en la jurisdicción de la CPI.
La decisión fue comunicada a las autoridades venezolanas y a la Sala de Cuestiones Preliminares. Desde entonces, el gobierno de Venezuela tiene un plazo de 90 días para solicitar una revisión de esta determinación.
Es importante destacar que esta resolución no afecta la investigación en curso llamada “Venezuela I”, que se enfoca en presuntos crímenes de lesa humanidad cometidos desde 2014, especialmente relacionados con detenciones arbitrarias.
Además, la Fiscalía aclaró que la decisión no está vinculada a eventos recientes, como la operación estadounidense de enero de 2026 que culminó con la captura de Nicolás Maduro, detenido actualmente en Estados Unidos por presuntos vínculos con el narcotráfico.
Información basada en reportes publicados por El Pitazo.
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