La Corte Penal Internacional (CPI) informó que no encontró fundamentos razonables para investigar las sanciones impuestas por Estados Unidos contra Venezuela como presuntos crímenes de lesa humanidad. Esta decisión responde a una denuncia presentada por el gobierno venezolano en 2020, que atribuía a estas medidas coercitivas la comisión de asesinatos, persecuciones y deportaciones.
Tras un análisis preliminar, la Fiscalía de la CPI señaló que no existen pruebas claras que establezcan una relación directa de causalidad e intención entre las sanciones y los delitos señalados. Además, aclararon que la información disponible no demuestra que esos actos se hayan cometido con la intención necesaria para configurar crímenes bajo la jurisdicción del tribunal.
El tribunal notificó oficialmente esta decisión a las autoridades venezolanas y a la Sala de Cuestiones Preliminares. Caracas tiene un plazo de 90 días para solicitar una revisión si lo considera pertinente.
La Fiscalía también remarcó que esta resolución no afecta la investigación en curso conocida como Venezuela I, centrada en presuntos crímenes de lesa humanidad ocurridos desde 2014, especialmente relacionados con detenciones. Asimismo, confirmó que la decisión no tiene relación con los acontecimientos de enero de 2026, cuando se capturó a Nicolás Maduro en una operación estadounidense. Maduro permanece arrestado en Estados Unidos en espera de juicio por presuntos vínculos con el narcotráfico.
Esta resolución pone fin, por ahora, a las expectativas de que la CPI juzgue las sanciones económicas de EE UU contra Venezuela como crímenes internacionales, pero mantiene abierta la investigación sobre otros posibles abusos en el país.
Información basada en reportes publicados por El Nacional.