En América Latina y el Caribe, varios países con gobiernos autoritarios presentan un retraso significativo en la aprobación de leyes para manejar el plástico, uno de los mayores contaminantes globales. Venezuela, Bolivia, Surinam, Guatemala, Honduras, El Salvador y Nicaragua no cuentan con legislaciones específicas para este problema ambiental.
Este rezago coincide con gobiernos de corte autoritario que se caracterizan por años prolongados en el poder y limitaciones a las libertades civiles. Por ejemplo, Nicolás Maduro lleva más de 12 años en Venezuela, mientras que en Bolivia el Movimiento al Socialismo ha gobernado por dos décadas. Nicaragua está bajo el control del matrimonio Ortega-Murillo desde 2007, con un régimen que ha encarcelado presos políticos y restringido medios independientes. En El Salvador, Nayib Bukele enfrenta críticas por corrupción, violaciones de derechos humanos y censura. Honduras y Guatemala también han vivido crisis políticas con corrupción y autoritarismo.
El investigador Felipe Rodríguez Torres, de la Universidad de Sao Paulo, explica que el plástico está presente en múltiples sectores como salud, alimentación y transporte, por lo que se requieren leyes sólidas y bases científicas para enfrentar su impacto. Sin embargo, solo el 68% de los países en la región tiene leyes nacionales sobre plásticos, mientras que los países con gobiernos autoritarios permanecen sin normas claras.
En Venezuela, la situación es crítica: la ONG The Ocean Cleanup alertó en 2022 que el país está entre los 20 que más plástico vierten en los océanos a través de sus ríos. Solo se recicla el 2% del material plástico. Además, expertos denuncian la falta de incentivos estatales para el reciclaje y la gestión de desechos sólidos.
Los países con leyes estatales pero no nacionales incluyen a México, Argentina, Brasil y Guyana. Mientras tanto, Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay, Perú y las islas del Caribe han aprobado leyes nacionales, impulsadas por la urgencia que genera su limitado territorio para manejar la basura.
La bióloga chilena Alejandra Parra, activista ambiental, destaca que la aprobación de leyes ambientales depende de contar con democracias reales y libertades civiles. Según ella, “se necesita una democracia real, lo más efectiva posible, algo que lamentablemente falta en nuestra región”. En los países con menos avances legislativos sobre plásticos, las restricciones a la libertad de expresión y la ilegalización de ONG dificultan el progreso ambiental.
Información basada en reportes publicados por Runrun.es.