El gobierno de Colombia evaluará cada dos meses el cumplimiento del cese al fuego bilateral pactado con los principales grupos armados y que regirá durante el primer semestre del año, informó este lunes el ministerio del Interior.
«La labor más difícil que hay es la verificación. Se prevé que cada dos meses se haga un corte de cuentas de cómo evoluciona en cada uno de los territorios, con cada una de estas organizaciones». Así lo explicó el jefe de la cartera, Alfonso Prada, en entrevista con Blu Radio.
La víspera de Año Nuevo, el presidente izquierdista Gustavo Petro anunció una tregua bilateral entre el gobierno y cinco grupos armados. Comenzará desde el 1 de enero hasta el 30 de junio de 2023 con miras a negociaciones que permitan desactivar el prolongado conflicto interno.
Negociaciones con grupos armados
El gobierno mantiene bajo reserva los decretos donde se detallan los acuerdos de cese al fuego con la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN), dos grupos disidentes de las FARC, la mayor banda narco conocida como el Clan del Golfo y las Autodefensas de la Sierra Nevada, de origen paramilitar.
Bajo su política de «paz total», Petro aspira detener la espiral de violencia que siguió al histórico acuerdo firmado con el grueso de la guerrilla de las FARC en 2016.
Prada aseguró que la fuerza pública mantendrá el control de «absolutamente todo el territorio». Dijo que no se van desmilitarizar regiones como se hizo en negociaciones de paz anteriores «para que se muevan a sus anchas cada una de estas organizaciones».
«Aquí no se para la presencia de las fuerzas armadas, se paran los disparos de un lado y del otro. Pero las fuerzas armadas, lo dicen los mismos decretos, conservan la plenitud de sus facultades constitucionales», añadió.
El gobierno de Andrés Pastrana (1998-2002) desmilitarizó 42.000 km2 en la región del Caguán (sur) durante una negociación fallida con las FARC, que los rebeldes aprovecharon para fortalecerse.
Sin ahondar en detalles, Prada aseguró que los diálogos serán «diferentes» con cada organización, dependiendo si «se mueven en la economía ilegal» o «tienen estatus político».
Desde noviembre el gobierno negocia en Caracas con el ELN, la última guerrilla reconocida en el país.
El ministro de Defensa, Iván Velásquez indicó que las organizaciones también deben llegar a un «acuerdo» entre ellas. Esto, dijo, para frenar los choques que «afectan indudablemente a la población» que queda en medio del fuego cruzado.
Colombia es el mayor productor de cocaína del mundo, combustible de la violencia que en más de medio siglo de conflicto deja nueve millones de víctimas.
EFE
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