El gobierno de Brasil, liderado por Luiz Inácio Lula da Silva, intenta evitar que Estados Unidos incluya a las facciones criminales brasileñas, especialmente el Primeiro Comando da Capital (PCC) y el Comando Vermelho (CV), en su lista de organizaciones terroristas bajo la categoría de ‘narcoterrorismo’.
Estos grupos, originados en los sistemas penitenciarios de São Paulo y Río de Janeiro, son las principales organizaciones criminales del país y están profundamente involucrados en el narcotráfico. El PCC tiene presencia en al menos 28 países, incluyendo Colombia, Bolivia y Portugal, y es considerado más profesional y con intereses comerciales internacionales. En contraste, el CV busca consolidar su control territorial en Río de Janeiro y compite con las milicias formadas por exmiembros de las fuerzas de seguridad.
Estados Unidos argumenta una posible conexión entre el PCC y el grupo libanés Hezbolá, aunque esta afirmación carece de pruebas contundentes, según la prensa brasileña. Si se clasifica a estos grupos como terroristas, Washington podría congelar sus activos financieros, bloquear transacciones y restringir la entrada de sus miembros al país.
Este cambio tendría consecuencias directas para los ciudadanos que residen en zonas bajo influencia del CV, como las favelas de Río de Janeiro, donde vive cerca de un tercio de la población local. Por ejemplo, un residente podría enfrentar dificultades para obtener visas o becas para viajar a Estados Unidos simplemente por su lugar de residencia.
Además, analistas brasileños señalan que la etiqueta de ‘narcoterrorismo’ podría ser usada como argumento político por figuras como Donald Trump para intervenir en la política interna brasileña o en sus elecciones presidenciales. El Ejecutivo de Lula rechaza esta posibilidad, ya que la considera una amenaza a la soberanía nacional.
En diciembre pasado, un operativo policial reveló la influencia del Comando Vermelho en la política local con la detención de Rodrigo Bacellar, ex presidente de la Asamblea Legislativa de Río de Janeiro, acusado de filtrar información para la organización.
La situación sigue siendo vigilada de cerca tanto en Brasil como en Estados Unidos, con posibles impactos de gran alcance en la política, la seguridad y las relaciones internacionales de la región.
Información basada en reportes publicados por France 24.