La oenegé Foro Penal denunció este lunes que en Venezuela hay 113 presos políticos, de un total de 288, que tienen más de tres años detenidos sin condena, y entregó una lista con los nombres de estos privados de libertad a la Corte Penal Internacional (CPI).
«Esto es gravísimo, esta lista la tiene la Corte Penal Internacional, cuya investigación se reabrió y está llevándose a cabo ( ) 113 de los 288 presos políticos tienen más de tres años en prisión preventiva, sin condena, muchos de ellos ni siquiera han comenzado el proceso judicial», dijo Alfredo Romero, presidente de la organización.
El abogado indicó en rueda de prensa que, según la más reciente actualización del monitoreo de la organización no gubernamental, la «mayoría de los presos políticos» son militares, 155 en total, por lo que los 133 restantes son civiles.
Señaló que desde 2014 el Foro Penal registró 15.791 personas que «han pasado por la prisión política», y 9.415 «se encuentran bajo medidas cautelares», es decir, «todavía se mantienen con medidas restrictivas a su libertad».
Asimismo, Romero afirmó que «11 personas han fallecido en custodia del Estado desde el año 2014» y 875 civiles fueron «presentados ante tribunales militares».
Según la oenegé, al menos 50 presos políticos tienen algún problema de salud, entre ellos el general Héctor Hernández Da Costa, condenado a 16 años de cárcel por el caso del intento de magnicidio contra Nicolás Maduro en agosto de 2018. Su esposa, Lili Barboza, denunció hoy que su estado «es muy delicado».
La mujer aseguró que el militar, en «injusta prisión a pesar de ser inocente, sufre una cardiopatía congénita, y presenta un cuadro muy delicado por diabetes», además de padecer «otra serie de patologías» que ha sufrido durante los cinco años de prisión.
El Foro Penal aseveró que «todo lo que está pasando en Venezuela está bajo la lupa» de la CPI, y agregó que la apelación del Gobierno nacional a la decisión de la Sala de Cuestiones Preliminares de la corte internacional «no detiene la investigación» sobre los crímenes de lesa humanidad en el país.