El Salvador ha dado un paso polémico en su política de seguridad al aprobar la prisión perpetua para menores de edad que cometan delitos graves como homicidio, violación y terrorismo. La Asamblea Legislativa, dominada por el oficialismo, respaldó esta reforma con 57 votos a favor.
Esta decisión se basa en una reciente modificación constitucional que permitió imponer cadena perpetua para ciertos crímenes, incluyendo feminicidio y pertenencia a organizaciones criminales. El presidente de la Asamblea, Ernesto Castro, defendió la medida afirmando que brinda «tranquilidad a las familias salvadoreñas» al asegurar que los culpables no volverán a la calle.
La ley incorpora la prisión de por vida dentro del régimen penal juvenil, un cambio significativo en el sistema judicial del país, que antes establecía una condena máxima de 60 años con opción a reducción por buena conducta.
El decreto contempla revisiones periódicas para evaluar la rehabilitación y el riesgo del condenado, permitiendo la posibilidad de libertad controlada tras 25 años en prisión para menores, y entre 30 y 40 años para adultos.
Además, se asignó a los juzgados de lo Criminal la competencia exclusiva para procesar tanto a adultos como a menores en casos de prisión perpetua, así como para revisar las condenas y decidir sobre posibles libertades condicionales.
La reforma ha sido apoyada por el partido oficialista Nuevas Ideas y sus aliados, mientras que organizaciones como Human Rights Watch critican la medida por ir en contra de los estándares internacionales de derechos humanos.
Este cambio refuerza la línea dura del presidente Nayib Bukele en la lucha contra la criminalidad, pero abre un debate sobre el equilibrio entre seguridad pública y respeto a los derechos fundamentales de los menores.
Información basada en reportes publicados por France 24.