La ONG Foro Penal publicó un informe sobre la represión política en Venezuela durante enero y febrero de 2026, donde exige el desmantelamiento del aparato represivo, reformas al sistema de justicia y al Ministerio Público, así como una revisión de la Ley de Amnistía para garantizar derechos efectivos a los detenidos.
Desde la captura del presidente Nicolás Maduro y Cilia Flores por fuerzas militares estadounidenses el 3 de enero, el régimen bajo la presidencia encargada de Delcy Rodríguez ha prometido paz mediante mecanismos como la Ley de Amnistía. Sin embargo, el informe señala que la represión, la desconfianza institucional y la opacidad judicial continúan presentes.
Según Foro Penal, en Venezuela permanecen 573 presos políticos. Desde el 8 de enero se han registrado 436 excarcelaciones y 109 libertades plenas tras la entrada en vigor de la Ley de Amnistía el 19 de febrero. El organismo destaca que, aunque ha habido avances, persiste la falta de transparencia en los listados oficiales y ausencia de criterios jurídicos claros para estos procesos.
El informe también señala que la represión institucional sigue activa, con familiares que evitan denunciar detenciones por miedo a represalias. Tras los anuncios de excarcelaciones, se incrementaron casos postelectorales no denunciados oficialmente por temor o desconfianza.
Además, la ONG atribuye un aumento en las liberaciones a la presión pública generada por mensajes en redes sociales del expresidente de EE.UU. Donald Trump y el secretario de Estado Marco Rubio, quienes calificaron el proceso como “acelerado”.
Sobre la Ley de Amnistía, Foro Penal advierte que, aunque formalmente cubre desde 1999 hasta 2026, en la práctica solo abarca cerca de 20 meses de persecución. Para quienes están fuera del país, la ley no asegura amnistía previa a la comparecencia judicial, y su artículo 9 excluye a quienes puedan estar vinculados con acciones armadas contra la República, permitiendo interpretaciones discrecionales.
La ONG recomienda desmantelar el aparato represivo y reformar profundamente los cuerpos de seguridad para eliminar abusos. Propone renovar el sistema judicial y el Ministerio Público con un Fiscal General independiente, revisar la aplicación de la Ley de Amnistía para evitar discrecionalidad y proteger a víctimas y familiares con reparaciones integrales y garantías de no repetición. También destaca la importancia de fortalecer el rol de las organizaciones civiles y mantener la supervisión de organismos internacionales como la ONU y la CIDH.
Información basada en reportes publicados por Runrun.es. Fuente original