La próxima renovación de las autoridades del Ministerio Público y de la Defensoría del Pueblo en Venezuela se perfila como un momento crucial para el sistema de justicia del país. El Laboratorio de Paz ha presentado un decálogo de exigencias que busca transformar estas instituciones, actualmente paralizadas y subordinadas a intereses políticos, en verdaderos garantes de los derechos humanos y la justicia.
Para que la justicia funcione, es fundamental que tanto la Fiscalía como la Defensoría actúen con independencia real, alejadas de manipulaciones partidistas. En palabras del Laboratorio de Paz, es urgente que la justicia se base en criterios técnicos y no en «tejemanejes» políticos.
Entre las prioridades está investigar todas las violaciones graves de derechos humanos, como ejecuciones extrajudiciales, torturas y desapariciones forzadas. La impunidad estructural que protege a altos funcionarios debe acabar para restaurar la confianza nacional e internacional.
Asimismo, la Defensoría debe dejar de ser pasiva y asumir un rol activo supervisando los centros de detención, donde persisten abusos y condiciones opacas. Es vital reducir la detención preventiva arbitraria, que ha convertido la prisión en una pena anticipada, violando el principio de presunción de inocencia.
El Laboratorio de Paz también resalta la necesidad de que la Defensoría se ajuste a los Principios de París, garantizando pluralismo y capacidad operativa, y que coopere plenamente con organismos internacionales como la ONU y la CIDH. Solo así Venezuela podrá recuperar credibilidad en la comunidad internacional.
Finalmente, el llamado es a una rendición de cuentas transparente, con informes públicos, estadísticas verificables y resultados judiciales efectivos.
Esta propuesta representa un llamado a una reforma profunda, no un simple cambio de nombres, para que el sistema de justicia retome su papel esencial en la protección de los ciudadanos y el respeto a sus derechos.
Información basada en reportes publicados por El Nacional.