En Venezuela, mientras se celebran las recientes liberaciones de presos políticos, persiste una grave crisis no resuelta: las desapariciones forzadas. Familias y organizaciones de derechos humanos denuncian que muchas personas detenidas por cuerpos de seguridad del Estado desaparecen sin dejar rastro y sin que se conozca su paradero.
Desde el 8 de enero, más de 670 personas han sido excarceladas por razones políticas, según datos de la ONG Foro Penal. Estas liberaciones han sido impulsadas por la ley de amnistía promulgada el 18 de enero, que ha permitido la reunión de muchos con sus familias. Sin embargo, este avance no incluye a quienes han sido víctimas de desaparición forzada, un problema que las autoridades no reconocen ni abordan.
Estos casos se caracterizan por la ausencia de registros oficiales de detención, falta de acceso a defensa legal y negación de información por parte del Estado. «¿Qué pasa con aquellos de quienes nadie sabe nada?», preguntan los familiares, cuya angustia permanece sin respuesta.
Entre los desaparecidos se encuentran personas como Esneider y Elieser Vergel, desaparecidos en 2015; Alcedo Mora, también desde 2015; Hugo Marino en 2019 y Víctor Quero en 2025. Carmen Teresa Navas, madre de Víctor, se ha convertido en una voz emblemática que exige saber el destino de su hijo, detenido el 1 de enero de 2025 en Caracas. A pesar de sus constantes esfuerzos en instituciones y manifestaciones, no ha logrado obtener información.
Organizaciones nacionales e internacionales exigen al Estado venezolano la publicación de un registro transparente y unificado de las detenciones bajo operativos especiales. Para los familiares de los desaparecidos, las excarcelaciones recientes son una esperanza, aunque el limbo legal persiste.
Además, el Comité por la Libertad de los Presos Políticos (Clipp) ha denunciado intentos policiales de desmantelar las vigilias de familiares en lugares como la Zona 7, donde llevan casi dos meses exigiendo respuestas.
La ley de amnistía ha sido un avance para algunos, pero no aborda el problema de las desapariciones forzadas, dejando a cientos en la incertidumbre. La justicia y la transparencia sobre estos casos siguen siendo una deuda pendiente para el Estado venezolano.
Información basada en reportes publicados por El Nacional. Fuente original.