La crisis del sistema judicial en Venezuela pone en riesgo el derecho fundamental a la justicia para todos los ciudadanos. La corrupción no es un hecho aislado, sino un estado generalizado que ha secuestrado la imparcialidad y autonomía judicial, según alerta el abogado Rafael Simón Jiménez.
En una carta dirigida a Delcy Rodríguez, se expone que mafias como «Los Enanos» manipulan decisiones judiciales a cambio de sobornos, dejando desprotegidos a quienes solo cuentan con la Constitución. La independencia del Poder Judicial está garantizada en el artículo 254 de la Constitución, pero en la práctica se ha perdido, evidenciado desde el caso de la jueza Afiuni, con decisiones que responden a instrucciones políticas y no al análisis legal.
Esta situación viola la separación de poderes y convierte a los tribunales en instrumentos de persecución política, destruyendo la tutela judicial efectiva y la ética profesional. Además, los bajos salarios y la falta de controles fomentan la corrupción interna, mientras la impunidad protege a quienes tienen conexiones.
El artículo 256 prohíbe el activismo político de los jueces para garantizar su imparcialidad, pero la politización del sistema judicial es evidente. Por ello, la carta insta a Delcy Rodríguez a impulsar reformas integrales que fortalezcan la independencia judicial y restauren la confianza pública.
Información basada en reportes publicados por El Nacional.