El caso de Lusving Javier Beltrán Plata, privado de libertad en el Centro Penitenciario David Viloria (Uribana), evidencia un fallo grave en el sistema penal venezolano. La acusación por tráfico ilícito de drogas que enfrenta en Yaracuy se basa en pruebas que la ciencia y la técnica han refutado de manera contundente.
Según el peritaje del Cicpc, el vehículo incriminado tiene una altura de 4,50 metros, mientras que la estructura del galpón de la empresa Bateas de Occidente C.A., vinculada a Beltrán, mide solo 3,90 metros. Esto hace imposible que el camión haya ingresado a esas instalaciones sin causar daños visibles, como cables derribados o techos colapsados, los cuales no se registraron.
Este dato técnico desmonta la acusación y prueba que Beltrán no tuvo relación con el supuesto delito. Además, el análisis del DVR confirmó que el camión nunca estuvo en la empresa, y no existen vínculos telefónicos que lo involucren. El coimputado Alfred Narváez también brindó un testimonio que exonera a Beltrán.
La Ley de Amnistía para la Convivencia Democrática, que busca promover la paz social y la reconciliación, establece la extinción de todas las acciones penales para hechos ocurridos entre 1999 y 2026. Aunque el artículo 9 excluye el tráfico de drogas, la interpretación debe favorecer los derechos humanos y aplicar la retroactividad de la ley benigna, según el artículo 24 de la Constitución.
Por ello, el Tribunal de Juicio Nro. 02 del Circuito Judicial Penal del Estado Yaracuy debe aplicar el artículo 11 de la Ley, que ordena el sobreseimiento o la revisión de la medida de privación de libertad en un máximo de quince días.
La amnistía no es un favor, sino un mecanismo legal que corrige errores judiciales. La justicia no puede ignorar la evidencia técnica ni la ausencia de pruebas válidas. Lusving Beltrán debe recuperar la libertad que la ciencia y la ley ya le han otorgado.
Información basada en reportes publicados por EL NACIONAL. Fuente original.