El pasado 12 de marzo de 2026, miles de trabajadores, incluyendo profesores universitarios, estudiantes, jubilados y empleados públicos, se movilizaron en Caracas y en varias ciudades del país para reclamar salarios justos. La marcha partió desde la Plaza Morelos y culminó en las puertas de la Asamblea Nacional, donde entregaron un pliego con diecisiete puntos respaldados por más de doscientas organizaciones.
Esta manifestación tiene un significado especial en Venezuela, pues hacía años que una protesta laboral no lograba recorrer esta ruta sin enfrentar represión y menos alcanzar su destino final.
La protesta refleja un problema histórico: el deterioro sostenido de los salarios de los profesores universitarios venezolanos. No se trata de una crisis reciente ni solo producto de sanciones o el colapso económico, sino del resultado de una política sistemática que desde hace más de veinte años ha desmantelado los mecanismos legales de remuneración docente.
Desde 1982, el salario de los profesores universitarios estaba regulado por las Normas de Homologación, que establecían ajustes salariales cada dos años basados en la inflación real reportada por el Banco Central de Venezuela. La Federación de Asociaciones de Profesores Universitarios de Venezuela (FAPUV) negociaba estos ajustes con el Consejo Nacional de Universidades, garantizando así una actualización justa y una escala salarial que respetaba los distintos niveles académicos.
La Constitución de 1999 reforzó este derecho al reconocer el salario suficiente como garantía constitucional.
Sin embargo, desde el bienio 2004-2005, el gobierno comenzó a imponer aumentos salariales mediante decretos unilaterales, sin consulta a las instancias académicas ni a la FAPUV. Estos aumentos quedaron muy por debajo de la inflación real, rompieron la escala salarial y eliminaron las diferencias económicas entre los distintos rangos docentes.
Estudios han documentado que al cierre del primer mandato chavista, el profesorado había perdido entre el 20 % y el 26 % de su poder adquisitivo. Entre 2007 y 2012, el deterioro se profundizó: los ajustes salariales se retrasaron hasta tres años, mientras la inflación acumulada superó el 156 %. El déficit salarial para ese periodo alcanzó entre el 61 % y el 67 % en comparación con lo que hubieran recibido si las Normas de Homologación se hubiesen aplicado.
La tensión llegó a un punto crítico en 2011, cuando profesores universitarios realizaron una huelga de hambre y la FAPUV presentó una queja formal ante la Organización Internacional del Trabajo.
La movilización del 12 de marzo es una expresión clara del reclamo por justicia salarial y respeto a los derechos laborales del sector académico venezolano, que sigue enfrentando una deuda histórica.
Información basada en reportes publicados por El Nacional.