El sistema de justicia en Venezuela está en una crisis profunda que afecta directamente a la democracia y los derechos de los ciudadanos. La falta de independencia judicial, la influencia política sobre el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y el Ministerio Público, junto con prácticas de corrupción y provisionalidad, han sido ampliamente documentadas por organismos internacionales como ACNUR y el World Justice Project.
Para revertir esta situación, expertos proponen un plan transitorio que combine justicia transicional, reformas legales y una restructuración institucional exhaustiva. Este plan debe basarse en estándares internacionales, especialmente los principios de la ONU que garantizan la independencia judicial, la selección basada en méritos y la autonomía del Ministerio Público para investigar delitos graves.
El proceso se dividiría en tres fases. La primera, de urgencia y duración máxima de un año, busca detener el uso político de la justicia y generar confianza. Incluye reformar las instituciones clave, revisar la nómina de jueces y fiscales con transparencia y supervisión internacional, y establecer una sala temporal para supervisar casos emblemáticos de persecución política y violaciones graves de derechos humanos.
Esta fase también implica prohibir prácticas como detenciones arbitrarias, torturas y dilaciones injustificadas, garantizando el debido proceso. Se reconoce que la corrupción ha permeado tanto que “ha dejado de ser un hecho punible para convertirse en la estructura misma del poder”.
La segunda fase, que abarca de uno a cuatro años, se enfoca en reconstruir la estructura institucional del sistema de justicia, aunque los detalles completos aún están en desarrollo.
Sin una transición política que recupere la institucionalidad democrática, no es posible una reforma creíble y sostenible. Por ello, este plan es fundamental para restaurar el Estado de derecho y la confianza ciudadana en la justicia venezolana.
Información basada en reportes publicados por El Nacional. Leer más