La escalada bélica en Medio Oriente se desarrolla en tres frentes principales: Irán contra Israel, Israel contra Líbano y Hamás, y ataques a bases militares estadounidenses en la región. Este conflicto genera un debate crucial sobre quiénes son considerados combatientes y quiénes población civil, según la ley internacional.
La Convención de Ginebra de 1982 establece que los combatientes son miembros de fuerzas armadas o grupos armados organizados que cumplen requisitos claros: mando responsable, uniformes o distintivos visibles, armas portadas abiertamente y respeto a las normas de la guerra. Estos pueden ser atacados legítimamente.
Por otro lado, la población civil incluye a ciudadanos comunes, periodistas, personal médico y humanitario, funcionarios y grupos vulnerables como niños y ancianos. Ellos no deben ser blanco de ataques directos.
Los ataques israelíes y estadounidenses contra objetivos militares iraníes están permitidos aun cuando causen bajas. Sin embargo, las víctimas civiles en estas operaciones se catalogan como “daños colaterales”, término que evidencia el costo humano no deseado.
Un caso emblemático es el bombardeo aéreo a una escuela iraní que dejó 170 muertos, mayormente estudiantes. La gravedad del incidente ha motivado una investigación por parte de la Fuerza Aérea de Estados Unidos para determinar responsabilidades.
De manera similar, las represalias iraníes contra bases estadounidenses cercanas también se consideran dentro de los actos permitidos, siempre que apunten a objetivos militares concretos.
Aunque se aceptan ataques a objetivos militares, cualquier ofensiva indiscriminada contra zonas civiles es ilegal, salvo que haya presencia de objetivos militares. Así se explica el ataque inicial israelí contra un edificio gubernamental en Teherán donde se reunió la cúpula política iraní, que fue “neutralizada”, según informes.
Además, el estrecho de Ormuz, canal estratégico por donde pasa el 20% del petróleo mundial, es escenario de amenazas iraníes para bloquear la navegación, incluso civil. Esta acción viola la Convención de Naciones Unidas sobre Derecho del Mar de 1982, que prohíbe interrumpir el paso de buques civiles o militares en rutas internacionales.
Estas maniobras buscan generar caos en el mercado petrolero global, afectando precios y suministro. Venezuela, aunque no parte del tratado, se rige por principios del derecho internacional que condenan estas interrupciones.
La guerra sigue en curso y su impacto en la población civil y en la economía mundial es profundo. La claridad sobre las categorías legales ayuda a entender mejor la magnitud del conflicto y sus consecuencias.
Información basada en reportes publicados por EL NACIONAL.