El 11 de febrero de 2026, el Gobierno colombiano declaró un estado de emergencia económica debido a los daños causados por la ola invernal en la costa Caribe. Esta medida busca canalizar recursos y aplicar nuevas normas para aliviar la crisis en los departamentos más afectados.
Este es el segundo estado de excepción que se decreta en menos de tres meses por la administración del presidente Gustavo Petro. La emergencia incluye más de diez decretos que establecen nuevos cobros y beneficios fiscales para financiar la atención de la emergencia.
Entre las medidas se encuentran ajustes tributarios y créditos especiales que permitirán al Estado disponer de recursos adicionales sin recortar el gasto público. Estos fondos se destinarán a la reconstrucción de infraestructuras y apoyo a las comunidades afectadas.
Este mecanismo excepcional responde también a la negativa del Congreso a la ley de financiamiento, lo que obligó al Ejecutivo a buscar soluciones rápidas para asegurar la estabilidad financiera del país.
La emergencia económica busca atender con prontitud la situación crítica causada por las crecientes de ríos y las intensas lluvias que han afectado hogares y servicios básicos en la región Caribe, poniendo en riesgo la calidad de vida de miles de personas.
Información basada en reportes publicados por El Espectador. Fuente original