En la sede de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) ubicada en La Yaguara, Caracas, permanecen detenidas al menos 40 personas por motivos políticos, según familiares y amigos que se congregaron la noche del 12 de marzo para una vigilia.
Con consignas como «Justicia y libertad. Todos son inocentes, ninguno delincuentes», los asistentes elevaron sus voces para exigir la liberación de los presos políticos retenidos en este centro. Los familiares denunciaron que estos casos no reciben la atención suficiente y destacaron la importancia de visibilizar estas detenciones en espacios poco conocidos.
Durante la vigilia, un sacerdote ofició una homilía en la que pidió por la liberación de los presos y ofreció su protección espiritual, invocando «ternura y consuelo» para ellos.
El equipo de Runrun.es conversó con algunos familiares que expusieron situaciones particulares. Blanca Suárez, abogada y extrabajadora del Diario La Voz de Guarenas, estado Miranda, está detenida desde hace un año y dos meses. Su hermana, Magaly Suárez, explicó que Blanca fue arrestada tras la reapertura del periódico, luego de un amparo legal. «No ha cometido ningún delito», afirmó Magaly, pidiendo su liberación.
Otro caso es el de Juan García, detenido desde el 31 de mayo de 2025 y trasladado en diciembre del mismo año al estado Falcón. Su madre, Ingrid Blanco, responsabiliza al exdeportista Antonio ‘El Potro’ Álvarez de la detención de su hijo y denuncia que «todos los delitos vienen porque jugaba por teléfono los caballos». Ingrid enfrenta dificultades para visitarlo debido a su estado de salud y la falta de recursos.
La familia Leyva, de Maturín, estado Monagas, también sufre detenciones múltiples. Jimmy y Oscar José Leyva Martínez, junto a su padre y tío, están privados de libertad desde el 7 de agosto de 2025. Todos trabajaban en Servicios Integrales Leimar, empresa que presta servicios en pozos petroleros. María Tibisay Martínez, madre de Jimmy y Oscar José, denunció que a pesar de contar con defensores públicos, no les permiten contratar abogados privados y no han recibido respuesta sobre la Ley de Amnistía.
Estas denuncias reflejan la difícil situación de los presos políticos en Venezuela y la urgente necesidad de atención y justicia para ellos y sus familias.
Información basada en reportes publicados por Runrun.es. Fuente original