El 13 de marzo de 2026, trabajadores activos del sector público en Venezuela recibieron un incremento en el bono de Guerra Económica, que pasó de 120 a 150 dólares según la tasa oficial del Banco Central de Venezuela (BCV). Este bono, que complementa el ingreso de los empleados públicos, se suma al cestaticket con un valor equivalente a 40 dólares, conformando lo que el gobierno denomina “ingreso integral indexado”.
Con este ajuste, el total mensual de estas asignaciones alcanza los 190 dólares aproximadamente. Sin embargo, el salario mínimo oficial se mantiene congelado en 130 bolívares desde hace cuatro años, equivalente actualmente a apenas 0,29 dólares debido a la devaluación del bolívar.
La falta de aumento en el salario mínimo genera preocupación y rechazo entre los trabajadores. Mariana Pereira, jubilada en los Valles del Tuy, calificó el aumento del bono como “una miseria” y alertó que este incremento no alegra a nadie. Considera que el gobierno no aumentará el sueldo mínimo hasta resolver las prestaciones sociales y llamó a protestar ante la situación económica.
Carmen Teresa Márquez, presidenta de la Federación Venezolana de Maestros, rechazó la política de bonos y enfatizó: “No exigimos aumento de bonos, queremos aumento de salario. Con 30 dólares no se alimenta una familia de cinco personas ni un día”.
Por su parte, el secretario de Condiciones Laborales de la Asociación de Profesores de la Universidad Simón Bolívar, William Anseume, calificó el ajuste como insuficiente y señaló que este bono no representa un aumento salarial real.
Hasta el momento, no hay información oficial sobre incrementos para pensionados y jubilados ni sobre posibles ajustes futuros al salario mínimo. Las protestas y demandas de los trabajadores continúan en varios estados del país.
Información basada en reportes publicados por El Pitazo.