El gobierno cubano confirmó que la Oficina Federal de Investigaciones (FBI) de Estados Unidos viajará a la isla para colaborar en la investigación sobre el incidente ocurrido con una lancha rápida procedente de EE.UU., en el cual fallecieron cinco personas.
El presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, describió el hecho como «una infiltración armada con fines terroristas, financiada y organizada desde territorio estadounidense». Según sus declaraciones, los 10 tripulantes, todos cubanos residentes en EE.UU., ingresaron ilegalmente a aguas cubanas y estaban «fuertemente armados».
El 25 de febrero, las tropas fronterizas cubanas interceptaron la embarcación y se produjo un intercambio de disparos. Cuatro tripulantes murieron en el acto y seis resultaron heridos, al igual que un oficial cubano. Posteriormente, falleció uno de los heridos.
Díaz-Canel aseguró que los sobrevivientes reciben atención médica y han podido comunicarse con sus familiares. Además, los familiares de los fallecidos participaron en la identificación de los cuerpos. También afirmó que los detenidos han reconocido su participación y que ellos fueron quienes abrieron fuego primero.
El mandatario calificó el hecho como «un intento de agresión» y rechazó la versión que señala que los tripulantes tenían el objetivo de buscar familias. «¿Se creen que somos tontos o que se puede confundir a un pueblo entero con mentiras?», expresó.
La Fiscalía General de la República de Cuba ha presentado cargos por terrorismo contra los detenidos, quienes podrían enfrentar penas que van desde diez años de prisión hasta la pena de muerte.
Este incidente ocurre en un momento de tensión entre ambos países, marcado por sanciones y restricciones de Estados Unidos hacia Cuba.
Información basada en reportes publicados por El Nacional.