La comunidad internacional sigue atenta a Ginebra este 12 de marzo, donde la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre Venezuela (FFMV) presentó una actualización oral ante el Consejo de Derechos Humanos. A pesar del cambio de gobierno en Caracas, la situación de los presos políticos y el sistema judicial en Venezuela continúa igual.
Actualmente, aproximadamente 800 personas permanecen detenidas por razones políticas, según datos de varias ONG. Los mecanismos de detención y represión se mantienen intactos, con jueces y fiscales que no han cambiado, validando arrestos arbitrarios y pasando por alto evidencias de maltrato.
Un tema clave en Ginebra fue la Ley de Amnistía para la convivencia democrática, aprobada por la Asamblea Nacional. La Misión de la ONU expresó desconfianza, señalando que la ley podría beneficiar solo a figuras prominentes y dejar fuera a ciudadanos comunes acusados bajo cargos fabricados de terrorismo. Según la ONU, «una amnistía que no desmonte los procesos amañados… es simplemente un barniz de impunidad».
La estructura judicial y de inteligencia sigue operando con la misma dinámica, pese a la remoción de altos cargos en enero. La Misión continuará su monitoreo hasta octubre de 2026, enfocándose en ejecuciones extrajudiciales y la actuación de grupos armados irregulares, conocidos como «colectivos».
Las condiciones en las cárceles venezolanas son precarias: hambre, falta de acceso a servicios médicos y aislamiento. No existen planes claros para liberar a los presos políticos, quienes siguen siendo rehenes de decisiones políticas y administrativas.
La verdadera prueba para la transición será la liberación efectiva de estos presos, más allá de discursos y acuerdos políticos.
Información basada en reportes publicados por El Nacional.