La libertad de expresión en Venezuela sigue en su punto más bajo, según la sexta edición del Índice Chapultepec de Libertad de Expresión y Prensa 2025. Este informe, que evalúa a 23 países del continente americano, coloca a Venezuela en el último lugar, un reflejo de una política sistemática de censura que se ha mantenido por más de dos décadas.
El estudio abarca desde el 2 de noviembre de 2024 hasta el 1 de noviembre de 2025, un período marcado por alta represión, que incluye consecuencias del cuestionado proceso electoral del 28 de julio de 2024. En este contexto, Venezuela continúa bajo un gobierno considerado ilegítimo por amplios sectores de la sociedad, cuyos líderes han pasado de amenazas violentas a discursos de convivencia condicionada.
El Índice, elaborado por la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) en colaboración con investigadores de la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB), clasifica a los países en cinco niveles de libertad de expresión. Solo República Dominicana figura con plena libertad. Venezuela y Nicaragua están en la categoría de «Sin libertad de expresión», marcada en rojo, con Venezuela obteniendo apenas 7 puntos sobre 100, frente a 18 puntos de Nicaragua.
Hace 30 años, la situación era distinta. Los venezolanos aún podían expresarse y sus reclamos se reflejaban en medios impresos, radiales y televisivos, aunque la democracia ya mostraba señales de desgaste. Actualmente, solo en el último año reportaron la detención de 25 periodistas, sin notificación previa ni derecho a defensa, con casos de desaparición forzada que afectan también a sus familiares.
Tras un incidente ocurrido el 3 de enero de 2026, se abrió una pequeña ventana para la libertad de prensa, pero el miedo persiste. La estructura del régimen se mantiene, con un poder judicial dependiente, colectivos armados en pausa, y órganos represores activos.
La Declaración de Chapultepec, adoptada hace 32 años, subraya que «No hay personas ni sociedades libres sin libertad de expresión y de prensa. El ejercicio de éstas no es una concesión de las autoridades; es un derecho inalienable del pueblo». Recuperar este derecho es vital para avanzar hacia una sociedad democrática y estable.
Información basada en reportes publicados por El Nacional. Fuente original.