En un llamado urgente, los abogados venezolanos Soranib Hernández de Deffendini y Simón Deffendini pidieron a la Unión Europea establecer un órgano independiente que gestione los activos congelados a 69 altos funcionarios sancionados del chavismo. Estos bienes serían destinados a un fondo fiduciario para reparar a millones de víctimas dentro y fuera de Venezuela.
La propuesta, presentada ante el Comité de Peticiones del Parlamento Europeo, busca evitar que los recursos regresen al entorno del régimen o sean manejados por partidos políticos venezolanos. Hernández explicó que la creación de este administrador externo garantizaría la transparencia, eficiencia y un uso social de los fondos, especialmente dirigidos a los sectores más vulnerables.
Si bien se menciona la Fiscalía Europea como posible entidad gestora, los juristas sugieren que cualquier órgano supranacional que actúe con independencia podría asumir esta función para evitar manejos opacos como los ocurridos en el pasado con ayudas destinadas a Venezuela.
Deffendini calificó la figura propuesta como un “administrador impoluto y aséptico”, encargado estrictamente de la gestión técnica y rendición de cuentas, excluyendo a terceros para impedir el control político sobre estos recursos.
Un punto clave señalado por Hernández es la profunda desconfianza ciudadana hacia el manejo de fondos por parte de actores políticos dentro y fuera del país. Las víctimas mismas han expresado temor de que los recursos asignados caigan en manos no autorizadas, por lo que reclaman un control riguroso y transparente.
Los activos congelados incluyen bienes vinculados a investigaciones por corrupción y lavado de dinero relacionadas con PDVSA en países como España, Andorra, Suiza y Estados Unidos. La propuesta busca que estos recursos sean usados para beneficiar a víctimas de graves violaciones de derechos humanos, civiles y políticos, así como a pensionados, jubilados y personas desplazadas.
Este planteamiento abre la posibilidad de que la Unión Europea implemente un mecanismo que asegure la justicia restaurativa y la reparación efectiva, a través de un manejo técnico y transparente de los recursos provenientes del decomiso de activos del chavismo.
Información basada en reportes publicados por El Nacional. Fuente original