En una economía como la de Venezuela –pequeña, abierta y muy debilitada por décadas de inestabilidad política, económica y social– los efectos de la restitución de las sanciones petroleras y financieras anunciada por el nuevo gobierno estadounidense van a tener un impacto profundo y duradero.
Ahora, además, se añaden nuevas restricciones al comercio con terceros países (“aranceles secundarios” los ha llamado Donald Trump) y el retorno forzado de cientos de migrantes que difícilmente podrán ser absorbidos por la economía interna.
Suspensión y caída
El sector petrolero representa más de 15% del PIB total de la economía venezolana, y el peso de las exportaciones petroleras en las exportaciones totales es de 80%. Con estos datos, es evidente que estamos en presencia de un choque negativo extraordinario que, desde luego, perturbará el nivel de la actividad económica interna y el ya muy deteriorado nivel de bienestar social.
La suspensión de las operaciones de Repsol, ENI y Chevron Corporation –por citar algunas de las operadoras extranjeras más importantes– hará caer la producción de hidrocarburos entre 20% y 30%. Y los ingresos externos asociados a las exportaciones petroleras, entre 35% y 38%.
En lo inmediato, se espera que –en el mejor de los escenarios– el producto interno bruto caiga entre 2,5% y 3,5%, cuando en la última década el mercado interno de Venezuela se ha reducido 70%.
Mal momento global
El comportamiento esperado de la economía global tampoco será favorable. Confluyen una previsión de crecimiento económico moderado, la tendencia a la baja de los precios del petróleo, la mayor oferta y mayor competencia en el sector de la energía, y la profundización de las políticas proteccionistas. La agresiva alza de aranceles anunciada desde el gobierno de Estados Unidos se traducirá en menores volúmenes de comercio internacional y mayores presiones inflacionarias globales.
Habría que añadir otros factores no menos importantes, como las fuerzas que promueven la desglobalización y la desintegración de los flujos de comercio (con efectos muy negativos sobre las cadenas de suministro); las tensiones geopolíticas asociadas a la guerra en Medio Oriente y Ucrania; y los crecientes problemas relacionados con el cambio climático.
Para la magnitud y naturaleza de estos choques, no hay capacidad interna que permita una absorción ordenada y disipadora de los impactos esperados.
Sin capacidad de reacción
En el ámbito de la gestión fiscal, no hay ninguna holgura para compensar la caída de la recaudación por ingresos petroleros. Desde hace una década, el gobierno no tiene acceso a los mercados de capital foráneos ni a la banca multilateral y prácticamente no existe un mercado financiero interno.
Tampoco hay espacio para ajustar el gasto público, que ya se ha contraído de forma considerable en los últimos años (más del 50 % en términos del PIB). Menos ahora que el gobierno decidió indexar al tipo de cambio oficial los subsidios que otorga y que representan casi el 60 % del gasto de la administración central.
Las fuertes restricciones del Estado para ajustar su gasto a la baja y el elevado grado de dolarización de la economía son factores que debilitan la capacidad de un banco central, ya de por sí carente de independencia, para diseñar e implementar una política monetaria y cambiaria que pueda ayudar a la estabilización macroeconómica del país.
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