Un colectivo de organizaciones sociales solicitó este viernes a la Corte Suprema de El Salvador que declare «inconstitucional» la reclusión de más de 200 venezolanos en una megacárcel del país, acuerdo que fue pactado entre el presidente Nayib Bukele y Estados Unidos.
El 16 de marzo, Estados Unidos deportó a 238 venezolanos a quienes acusó, sin presentar pruebas, de ser parte de la banda criminal Tren de Aragua, además de 23 presuntos pandilleros salvadoreños.
Un grupo adicional de 17 deportados llegó al país el lunes.
Los deportados, explicó AFP, se encuentran actualmente en el Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot), una megacárcel de máxima seguridad construida por Bukele como parte de su «guerra» contra las pandillas.
La «demanda de inconstitucionalidad está relacionada con los actos del Órgano Ejecutivo respecto a la recepción y traslado a prisión de ciudadanos venezolanos provenientes de Estados Unidos», explicó la activista Marisela Ramírez a la prensa.
Además de las «graves violaciones» a los derechos de estos venezolanos, «no se han constituido los mecanismos legales», ya que el gobierno no ha sometido el asunto a la ratificación de la Asamblea Legislativa, afirmó Ramírez.
La solicitud fue presentada ante la Sala Constitucional de la Corte Suprema por miembros del Bloque de Resistencia y Rebeldía Popular, una coalición de varias organizaciones.
Ramírez señaló que el gobierno de Bukele «está violando flagrantemente los derechos fundamentales de las personas», ya que «no han sido juzgadas» en El Salvador.
Paralelamente, un bufete de abogados contratado por el gobierno de Venezuela ha estado realizando gestiones judiciales para lograr la liberación de los ciudadanos venezolanos.
Este bufete también pidió el lunes a la procuradora salvadoreña de Derechos Humanos, Raquel Caballero, que verifique el estado de salud de los detenidos.
El tema de los expulsados también ha causado controversia en Estados Unidos, donde este viernes una jueza federal ordenó al gobierno de Trump que proceda con el retorno de Kilmar Armando Ábrego, un salvadoreño deportado por error.
La Casa Blanca reconoció esta semana que la deportación de Ábrego fue un «error administrativo«, pero lo acusó de ser miembro de la pandilla MS-13, designada por Washington como organización terrorista global.