Elizabeth González nunca imaginó el drama, la impotencia y la indignación que viviría como familiar de preso político. Tampoco sabía que, tras semanas de angustia y silencio, el miedo que le impidió denunciar la detención de su hijo Eliander Santaella sería el que la motivaría a hablar con los medios de comunicación sobre su caso. A ella y a su esposo la han extorsionado, amenazado y hasta torturado psicológicamente desde aquel 8 de agosto en el que funcionarios de la Dirección de Acciones Estratégicas y Tácticas del Cuerpo de Policía Nacional Bolivariana (DAET) detuvieron a su hijo de 25 años de edad. Desde entonces, Eliander es uno de los 1.953 detenidos desde las elecciones presidenciales el 28 de julio, según cifras de la ONG Foro Penal actualizadas el 22 de octubre.
Eliander Santaella, exfuncionario de la Policía de Miranda y actualmente bartender, salió en moto a visitar a su novia en Filas de Mariche. Cuando regresaba a su casa, ubicada en la parroquia La Dolorita, funcionarios de la DAET le detuvieron. Sus padres se enteraron porque un amigo del joven fue testigo de lo sucedido y les informó inmediatamente. A Elizabeth González, de 42 años de edad, la situación le pareció muy extraña. Apenas fue notificada, salió con su esposo a buscar a su hijo.
No fue fácil. No dieron con él en un primer intento. La pareja preguntó en el Polideportivo de Filas de Mariche, les dijeron que allí no estaba. Los mandaron a la sede de la DAET en La Pista, ubicada en Filas de Mariche. Allí estaba: lo confirmaron cuando vieron su moto fuera de las instalaciones. El esposo de González entró a preguntar qué estaba pasando. Cuando la madre se acercó, el funcionario se negó darle información. “No quiero hablar con usted”, le dijo. Comenzaba la verdadera pesadilla.
“Pensé que se trataba de un error. Me preguntaba por qué y qué estaba pasando para que se lo llevaran. Cuando mi esposo logró preguntar, le dijeron que a Eliander lo iban a procesar por instigación al odio y por terrorismo. Allí fue cuando el oficial al mando (cuyo nombre no quiso revelar por miedo a represalias contra su hijo) le dijo a mi esposo que podían llegar a un acuerdo: si le pagábamos 10.000 dólares, lo liberaba.
González pensaba, con indignación, que era imposible conseguir esa cantidad de dinero. La familia de Eliander, papá, mamá y una hermana menor de 20 años, se mantiene gracias a una agencia de festejos que tiene su oficina en San Agustín del Sur. “¿De dónde vamos a sacar ese dinero si no tenemos? ¿Qué les pasa? ¿Están locos?”, les respondió. Su esposo entró de nuevo a la sede del DAET y el oficial bajó la cifra: pedía 5.000 dólares. Todavía era demasiado dinero.
“Te lo voy a matar, búscalo en Boquerón”
González no dejaba de preguntarse por los cargos que le imputarían a su hijo . No entendía qué estaba pasando. “Me dijo que con mi actitud estaba entorpeciendo el procedimiento judicial y perjudicando a mi hijo”. Pero la madre solo quería saber qué estaba sucediendo. Eran las 6:15 pm del 8 de agosto. Fue entonces cuando le ofrecieron llegar a un nuevo acuerdo con el superior. No se concretó.
Lea más en El Nacional