La administración Biden decidió no extender el estatus legal de decenas de miles de migrantes venezolanos que ingresaron a Estados Unidos bajo el parole humanitario, diseñado para reducir los cruces fronterizos ilegales, según funcionarios estadounidenses y documentos internos obtenidos por CBS News.
El programa, implementado en octubre de 2022, tenía como objetivo disuadir a los venezolanos de viajar a la frontera entre Estados Unidos y México, brindándoles una vía legal para ingresar al país si contaban con el patrocinio de personas ya radicadas en el país norteamericano.
En enero de 2023, el parole se amplió para incluir a migrantes de Cuba, Haití y Nicaragua, que en ese momento también estaban cruzando la frontera en números récord.
Hasta finales de agosto, al menos 530.000 inmigrantes habían llegado a EE. UU. a través de esta política, conocida como programa CHNV, con la cual las personas obtenían un permiso de dos años para vivir y trabajar legalmente en el país, amparados por una ley de inmigración que permite a los presidentes acoger a extranjeros por motivos humanitarios o de interés público.
Según datos gubernamentales, unos 117.000 venezolanos han llegado a EE. UU. bajo esta política y el primer grupo que ingresó hace dos años perderá su estatus de permiso de residencia a finales de este mes.
Algunos defensores esperaban que la administración Biden renovara el estatus de “libertad condicional” para estos migrantes, similar a lo que se hizo con evacuados afganos y refugiados ucranianos.
Sin embargo, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) no ofrecerá extensiones de libertad condicional a los venezolanos, conocidos como “re-parole”, según informaron dos funcionarios a CBS News.
En lugar de una extensión, se les enviarán notificaciones instándolos a solicitar otro tipo de beneficio migratorio o a abandonar el país. La postura del DHS respecto a los cubanos, haitianos y nicaragüenses, cuyos permisos aún no expiran, no está clara.
EFE