Nicolás Maduro solicitó el miércoles al Tribunal Supremo de Justicia que realice un peritaje a los resultados de las elecciones presidenciales que le dieron la victoria, tras tres días de reclamos por falta de transparencia y presión de organismos internacionales y de líderes de la región, incluidos sus aliados el colombiano Gustavo Petro y el brasileño Luiz Inácio Lula da Silva. Pero el Centro Carter, que anoche confirmó que los comicios no fueron transparentes, ahora cuestionó la independencia del posible peritaje del Tribunal Supremo de Venezuela a los resultados electorales.
“Otra institución gubernamental, que es designada por el gobierno, para verificar los números del gobierno para los resultados de las elecciones, que están en duda”, dijo Jennie K. Lincoln, quien dirigió la delegación del Centro Carter que supervisó las elecciones en Venezuela. “No se trata de una evaluación independiente”, concluyó.
Maduro, quien buscaba la reelección para un tercer mandato de seis años y fue declarado ganador al 80% del escrutinio y sin que el detalle de los votos estuviera públicamente disponible, aseguró que está dispuesto a mostrar la totalidad de las actas de escrutinio de los comicios.
CUESTIONAMIENTO SOBRE LAS PRESIDENCIALES
El Centro Carter, que participó como observador en las elecciones presidenciales de Venezuela, manifestó este martes que el proceso «no se adecuó» a los parámetros y estándares internacionales de integridad electoral, por lo que «no puede ser considerada como democrática».
«El Centro Carter no puede verificar o corroborar la autenticidad de los resultados de la elección presidencial declarados por el Consejo Nacional Electoral (CNE) de Venezuela», manifestó el Centro Carter en un comunicado.
La organización destacó que el ente comicial, que ha dado por ganador al oficialista Nicolás Maduro a falta de más de dos millones de votos por computar, no ha anunciado los resultados desglosados por mesa, lo que «constituye una grave violación de los principios electorales».
Explicó que el proceso electoral «no ha alcanzado los estándares internacionales de integridad en ninguna de sus etapas relevantes y ha infringido numerosos preceptos de la propia legislación nacional».
De acuerdo al Centro Carter, «se desarrolló en un ambiente de libertades restringidas en detrimento de actores políticos, organizaciones de la sociedad civil y medios de comunicación» y durante del proceso, las autoridades del CNE «mostraron parcialidad a favor del oficialismo y en contra de las candidaturas de la oposición».
Agregó que, la actualización del registro de electores «se realizó con numerosos inconvenientes», como «plazos muy cortos, relativamente escasos lugares de inscripción y una mínima campaña de información y difusión públicas».
El problema -prosigue la nota- «se agravó en el exterior, donde los ciudadanos enfrentaron barreras legales desmedidas, incluso arbitrarias, para inscribirse en el padrón en el extranjero».
Además, aseguró, el registro de partidos y candidatos «tampoco se adecuó a estándares internacionales» y, en años recientes, las formaciones opositoras «han sufrido intervenciones judiciales en desmedro de sus liderazgos social y políticamente más reconocidos para beneficiar a personas afines al gobierno, influyendo sobre la conformación de sus candidaturas».
La organización también recordó, «de manera aún más importante», que la inscripción de la candidatura de las principales fuerzas de oposición «se halló sujeta a la discrecionalidad de las autoridades electorales que adoptaron decisiones sin respetar principios jurídicos básicos».
El Centro Carter destacó que la campaña electoral se desarrolló «con un notable desequilibrio a favor del Gobierno en todos los campos. La candidatura oficialista contó con muy amplios recursos, lo que se tradujo en la gran desproporción de mítines, murales, vallas y afiches a su favor».
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