La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Cidh) exigió a Venezuela a permitir el voto para las elecciones presidenciales del 28 de julio a todos sus connacionales en el exterior, sin «importar su estatus migratorio».
En un comunicado difundido este martes, el ente cuestionó los obstáculos puestos por el Consejo Nacional Electoral (CNE) a los migrantes venezolanos, destacó Efecto Cocuyo.
«La Cidh expresa preocupación por los impedimentos que enfrentan las personas venezolanas que residen en el exterior para inscribirse en el registro electoral en razón de su estatus migratorio. Estos obstáculos violan los derechos políticos, afectan la integridad de la elección presidencial del 28 de julio y corroboran que el Poder Electoral carece de independencia», se lee en el texto.
El pronunciamiento de la Cidh se realiza después de que el proceso de registro para permitir cambios de residencias o inscripción de nuevos votantes cerró el pasado mes de abril.
La Cidh recordó que las leyes venezolanas permiten a las personas mayores de 18 años sufragar si no tienen inhabilitación. Sin embargo, los consulados pidieron a la población venezolana una visa o tarjeta de residencia legal, algo que no contempla la legislación.
«Esta exigencia desconoce que millones de personas venezolanas que residen en el exterior carecen de una visa de residente, ya sea por no haber regularizado su estatus migratorio o porque cuentan con una documentación migratoria diferente», mencionaron.
Entre esos documentos se encuentran el Permiso por Protección Temporal de Colombia; el Permiso Temporal de Permanencia en Perú; la Visa de Residencia Temporal de Excepción para Ciudadanos Venezolanos que se usa en Ecuador o la Residencia Temporal en Chile.
Además, el CNE excluyó a la población venezolana inscrita para sufragar que reside en Estados Unidos y Canadá, países con los que el gobierno de Nicolás Maduro no tiene relaciones diplomáticas desde al menos 2019.
venezolanos dejaron el país. «Esto implica que un número significativo de potenciales votantes en el extranjero podría ver afectado su derecho a la participación política al no poder inscribirse en el registro electoral».