La minería ilegal en el país ha crecido de forma acelerada en las dos últimas décadas. Imágenes satelitales lo confirman y los estudios de la ONG SOS Orinoco dan cuenta de las huellas negativas que deja esta actividad al margen de la ley.
Cristina Burelli, directora de SOS Orinoco, afirma que han identificado de forma georeferenciada «más o menos 2.750 puntos mineros (ilegales)» en el país. También asegura que Venezuela ocupa el segundo lugar de los países amazónicos –después de Brasil– con más minas irregulares.
Las últimas mediciones de MapBiomas Amazonia (2022) indican que en 71.279 hectáreas de Venezuela se practica la minería ilegal. Datos recientes de SOS Orinoco indican que son 173.989 hectáreas en las que se practica la minería, pero estos datos también abarcan la que se hace en el Esequibo, que es impulsada por Guyana.
«Venezuela está bastante peor que Perú y Brasil (con la minería ilegal)», enfatiza Cristina Burelli.
En el siguiente mapa realizado por la organización SOS Orinoco podrá ver las minas ilegales en los estados Amazonas, Bolívar y el Esequibo. Para ver el detalle haga clic en los puntos rojos:
Luis Betancourt, investigador de derechos indígenas y ambientales y coordinador del Grupo de Investigaciones sobre la Amazonía (Griam), asegura que la mayor afectación por minería ilegal «se está generando en el sur de Venezuela, especialmente en los estados Bolívar y Amazonas» y que ambas entidades tienen realidades distintas.
Asevera que «absolutamente toda la minería que se ejerce en Amazonas es ilegal» y recuerda que estas son regiones protegidas por órdenes presidenciales. Menciona el decreto presidencial 269 del año 1989 que prohíbe la minería en Amazonas con la finalidad de preservar y conservar los recursos naturales como bosques, fauna, flora, cuerpos de agua y la diversidad cultural, pero este se incumple.
Recuerda que en los años 90 en Amazonas la minería ilegal estaba focalizada solo en dos municipios: Atabapo y en Alto Orinoco y, en la actualidad, «la minería ilegal está en todos los municipios (siete) del estado Amazonas»; lo que se traduce en un incremento de esta actividad ilícita, que incluso se practica hasta en Puerto Ayacucho, que es la capital.
En cuanto al estado Bolívar, Betancourt indica que existen permisos del Estado para practicar la minería, pero dice no estar de acuerdo y la califica de «inconstitucional e ilegal» porque se ejerce en territorios indígenas, con gran importancia biológica y ambiental, no solo para el país, sino para el mundo entero y denuncia que estas prácticas constituyen amenazas para los territorios amazónicos y para los pueblos indígenas.
Con información de Tal Cual