El ejercicio y la protección de los derechos humanos y libertades fundamentales solo son posibles con la vigencia del “estado de derecho” que es “el imperio de la ley” como elemento esencial de la democracia, que se suplanta en dictadura por el “imperio del terror” que somete al ser humano a “estado de indefensión”.
El estado de derecho es la condición en la que “todos los ciudadanos e instituciones de un país, estado o comunidad son responsables ante las mismas leyes divulgadas públicamente, incluidas las autoridades y quienes ejercen el poder”. Es “el Estado sometido al Derecho, el poder y actividad regulado y controlado por ley”. Este principio de vigencia universal resulta de la larga lucha del ser humano por la libertad, fundada en la igualdad y garantizada por la institucionalidad, para impedir el poder opresor de criminales detentando el poder.
El estado de indefensión “es la situación de las personas que están desamparadas, desprotegidas, desvalidas, vulnerables, abandonadas, faltas de defensa y de protección e impedidas o limitadas indebidamente a la defensa de su derecho”. El concepto jurídico de indefensión simplemente referido a una situación procesal se ha ampliado a una noción de carácter general, que describe la situación de vulnerabilidad, desprotección y desamparo de pueblos enteros sometidos a regímenes dictatoriales que gozan de aceptación igual a la de gobiernos legítimos en la comunidad internacional.
En el estado de derecho, gobernantes y gobernados están sometidos al cumplimiento de leyes, protegidos por la separación e independencia de los poderes públicos en los que el Poder Legislativo tiene la legitimidad del voto popular y el pluralismo, y el Poder Judicial la confianza por la capacidad e idoneidad de sus miembros, y todos bajo la regla de la rendición de cuentas y el escrutinio de la libertad de prensa.
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