Trece funcionarios extranjeros del Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU tienen hasta el domingo para salir de Venezuela, tras una orden, sin precedentes, del Gobierno, que incluye la suspensión de las actividades de su oficina en Caracas, poco después de que se cumpliera el primero de los dos años de prórroga concedidos a la presencia de este equipo en el país.
Venezuela «solicita que el personal adscrito a esta oficina abandone el país en las siguientes 72 horas hasta tanto rectifiquen públicamente ante la comunidad internacional su actitud colonialista, abusiva y violadora de la carta de las Naciones Unidas», dijo el Ejecutivo, que revisará en 30 días «los términos de cooperación» con esta organización.
La decisión fue ampliamente rechazada por ONG, activistas y políticos de la oposición, y respaldada por la Asamblea Nacional, controlada por el chavismo.
El porqué
El canciller Yván Gil explicó que la decisión responde al «impropio papel que esta institución ha desarrollado», actuando con parcialidad y como el «bufete particular de los grupos golpistas y terroristas que permanentemente se confabulan contra el país».
Esta oficina, con sede en Ginebra, Suiza, y establecida en Caracas desde septiembre de 2019, había manifestado el martes en X su «profunda preocupación» por la detención de la activista Rocío San Miguel, acusada por la Fiscalía de su supuesta vinculación a un plan terrorista para asesinar al mandatario Nicolás Maduro, y pidió su «liberación inmediata».
A juicio del Gobierno, la oficina ha mantenido, desde la firma de la carta de entendimiento, en 2019, una «postura claramente sesgada y parcializada, procurando constantemente impunidad para las personas involucradas en diversos intentos de magnicidio, golpes de Estado, conspiraciones y otros graves atentados contra la soberanía y la constitución».
Sin embargo, reiteró la «voluntad (del Ejecutivo) de seguir cooperando con los mecanismos internacionales de protección de los derechos humanos, siempre sobre la base del diálogo genuino».
El contextoEl gobierno tomó esta decisión cuando es nuevamente objeto de críticas por parte de organizaciones y miembros de la sociedad civil venezolana y de varios países debido al caso de San Miguel, cuyo paradero, según las denuncias de la defensa, se desconoció durante cuatro días.
En su mensaje, la oficina del Alto Comisionado de DD HH aseguró que esto «podría calificar su detención como desaparición forzada».
Según consideraciones de diversas ONG, la orden del Gobierno deja en estado de «total vulnerabilidad e indefensión» a las víctimas de violaciones de garantías fundamentales.
El director de la organización Acceso a la Justicia, Ali Daniels, dijo a EFE que la «situación está empeorando en materia de desaparición forzada» debido a que «los lapsos se están ampliando» de «horas» a incluso «semanas».
En este sentido, el partido Vente Venezuela, liderado por la candidata de la principal coalición opositora a las presidenciales de este año, María Corina Machado, denunció este jueves que sus jefes regionales de campaña Juan Freites, Luis Camacaro y Guillermo López, detenidos en enero, tienen más de tres semanas «desaparecidos».
Estas detenciones, a las que se suman otras dos, según ONG y partidos antichavistas, ocurren después de que las autoridades informaran, en enero, del desmantelamiento de un plan que buscaba el magnicidio de Maduro, otro de los más de 20 denunciados por el Gobierno en la última década.
EFE