El expresidente peruano Alberto Fujimori (1990-2000) fue puesto en libertad este miércoles en cumplimiento de una orden del Tribunal Constitucional, a pesar de que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) pidió a las autoridades del país andino que se abstuvieran de hacerlo.
Fujimori abandonó el penal de «Barbadillo», en el este de Lima, un día después de que se conociera que el TC dispuso «la inmediata libertad del favorecido» al restituir los efectos del indulto que le otorgó en 2017 el entonces presidente Pedro Pablo Kuczynski.
En el momento de su salida del centro penitenciario, el expresidente llevaba puesta una mascarilla y, justo después de atravesar la puerta, abrazó a su hija, Keiko Fujimori, la líder del partido fujimorista Fuerza Popular, y a su hijo Kenji.
Saludó a algunos de los presentes cercanos a la familia, a la defensa y al partido, y entró en un vehículo gris con sus hijos y su nuera.
Cuando el ex jefe de Estado dejó atrás el último control del penal, decenas de seguidores que lo esperaron durante toda la jornada lo recibieron con vítores, música y fuegos artificiales.
Postura internacional
La noche del martes la Corte IDH reiteró al Estado peruano a que «se abstenga de ejecutar la orden del TC» hasta que el organismo interamericano tenga «todos los elementos necesarios para analizar si dicha decisión cumple con las condiciones establecidas en la resolución de la Corte de 7 de abril de 2022».
En un documento suscrito por el presidente de la Corte IDH, Ricardo Pérez Manrique, se notificó al Estado peruano, a los representantes de las víctimas y a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
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