Anil Nandlall, fiscal general guyanés, dijo este martes que el Gobierno de Guyana solicitará al Consejo de Seguridad de la ONU sanciones contra Venezuela si no acata fallo de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) tras el referendo celebrado el domingo sobre el Esequibo.
Por su parte, el jefe del comando de campaña oficialista del referendo sobre el Esequibo, Jorge Rodríguez, adelantó este martes, sin detalles, que Venezuela tomaría acciones «en las próximas horas» en función del «mandato popular» dado en la consulta, en la que se aprobó, de forma no vinculante, la anexión de este territorio en disputa con Guyana al mapa venezolano.
La CIJ urgió el viernes pasado a Venezuela a «abstenerse» de tomar «cualquier acción que modifique» la situación actual del territorio bajo pleito, controlado por Guyana, un territorio de casi 160.000 kilómetros cuadrados en disputa entre los dos países.
«Exploraremos todas las vías disponibles y, obviamente, esa es una de las vías, si no la más importante», dijo Nandlall en una sesión de concienciación sobre el conflicto fronterizo entre Guyana y Venezuela organizada por el Colegio de Abogados de Guyana.
En este contexto, Nandlall señaló que Estados Unidos y el Reino Unido que desempeñaron un papel histórico en el laudo del Tribunal Arbitral de 1899, tienen el «deber de garantizar que el proceso que diseñaron y en el que participaron se respete en lugar de ser espectadores oficiosos».
«Existe un amplio abanico de medidas a disposición de la CIJ y, por extensión, del Consejo de Seguridad de la ONU para hacer cumplir las decisiones de la CIJ», sentenció el fiscal.
Venezuela asume el referendo como un mandato, partiendo de su propia Constitución -que, como toda carta magna, afecta exclusivamente al país que la aprueba-, en la que se establece el carácter vinculante de los asuntos sometidos a consulta, en este caso, cinco preguntas con las que más del 90 % de los participantes respaldaron los argumentos y propuestas del Gobierno en la disputa.
Pero el mandato constitucional venezolano no afecta a Guyana, que no votó al respecto, ni a ningún otro país más allá de las fronteras de la nación de origen, sino que tiene carácter interno.
Y como ningún país tiene facultad para decidir sobre la soberanía de otro, Guyana llevó la controversia -sin avances durante décadas- ante la CIJ, que desde 2018 admitió el caso y emitirá, en una fecha todavía no establecida, una decisión vinculante para las dos naciones, según sus propios acuerdos con organismos internacionales.Guyana se basa en un laudo arbitral de 1899, que le adjudicó el territorio (entonces bajo el dominio del Reino Unido).
El Reino Unido y Venezuela firmaron en 1966, justo antes de la independencia de Guyana, el Acuerdo de Ginebra, que en un principio sentó las bases para resolver la controversia, pero las negociaciones se extendieron durante más de dos décadas sin resultados.
EFE