La Administración del presidente Joe Biden fijó un plazo para que el gobierno venezolano iniciara un proceso orientado a levantar las inhabilitaciones políticas y liberara a los estadounidenses y presos políticos venezolanos «detenidos injustamente».
A pesar de la ausencia de avances significativos, especialistas coinciden en la posibilidad de que el Gobierno de Nicolás Maduro otorgue «concesiones», manteniéndose en línea con su agenda.
Luego de la firma de dos acuerdos en Barbados entre el Gobierno de Maduro y la Plataforma Unitaria Democrática, el gobierno estadounidense emitió licencias generales que autorizaban temporalmente algunas transacciones relacionadas con la industria petrolera.
Sin embargo, advirtió que estas medidas podrían revertirse si no se cumplían los compromisos establecidos en la hoja de ruta electoral, especialmente en lo referente a los presos políticos.
El secretario de Estado de EE. UU., Antony Blinken, precisó que antes de finales de noviembre esperaban que Venezuela definiera un proceso y plazos precisos para la readmisión de todos los candidatos.
Sin embargo, Jorge Rodríguez, jefe de la delegación del oficialismo en las negociaciones, rechazó la declaración alegando que era falsa y no se ajustaba a la realidad.
Expectativa de avances específicos
Expertos como Geoff Ramsey, del Centro Adrienne Arsht para América Latina del Atlantic Council, señalan que el plazo del 30 de noviembre no es una fecha límite, sino una expectativa para avances específicos en aspectos acordados en Barbados.
“En realidad, la administración Biden está fijando estándares bastante bajos. La Casa Blanca no espera que Maduro levante de la noche a la mañana la inhabilitación de -María Corina Machado-, sino que anuncie un proceso para revisar la inhabilitación de ella y de otros candidatos”, dijo consultado por VOA.
Asimismo, ve poco probable que Maduro actúe antes del 30 de noviembre. El politólogo Ricardo Sucre coincide en que el lapso marcado es el inicio de un proceso, pero la variedad de declaraciones de funcionarios estadounidenses creó la percepción de un ultimátum.
“Ahora vendría la fase de, en pasos concretos, qué va a hacer usted para desarrollar unas elecciones menos desiguales, creo que eso es lo que se espera el 30, así lo interpreto yo de la declaración original de Blinken”, estima.
El internacionalista y decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad Central de Venezuela (UCV), Luis Angarita, indica que existe presión política y no cree que las licencias se reviertan.
Según él, el interés de la negociación va más allá de un candidato en particular y se enfoca en el proceso en su totalidad.
Ramsey sugiere que el gobierno de Maduro podría otorgar más concesiones, pero siguiendo su propia agenda y evitando cerrar la puerta al levantamiento de sanciones.
A su juicio, EE. UU. entiende que la oposición podría obtener beneficios significativos manteniendo abiertas las negociaciones.
El presidente Maduro reiteró su llamado al levantamiento de sanciones y expresó la disposición de su gobierno para iniciar una nueva etapa en las relaciones con EE. UU.
Por su parte, Stalin González, miembro de la delegación negociadora de la Plataforma Unitaria, afirmó que siguen trabajando para cumplir el acuerdo de Barbados, el cual demuestra que puede haber una elección competitiva en 2024.
Pasos concretados
En cuanto a acciones concretas del gobierno de Venezuela, se confirmó la liberación de cinco personas consideradas presos políticos tras la firma de los acuerdos en Barbados.
Hasta el momento, no se han materializado más liberaciones y un ciudadano estadounidense fue detenido el 24 de octubre en territorio venezolano.
A pesar de ciertos eventos, observadores como Sucre evalúan que el clima político en Venezuela no muestra cambios significativos.
VOA