Intervención de cárceles: ¿cuáles son los problemas pendientes por resolver?
6 noviembre, 2023
Cuatro centros penitenciarios en el país fueron intervenidos por el Estado desde el 20 de septiembre hasta el 30 de octubre. A través de operativos militares y policiales se clausuraron las cárceles de Tocorón (Aragua), Tocuyito (Carabobo), Puente Ayala (Anzoátegui) y La Pica (Monagas). Los despliegues fueron calificados como «exitosos» por parte del ministro de Interior, Justicia y Paz, Remigio Ceballos, quien todavía debe respuestas a las preguntas que han surgido tras los operativos.
En los balances ofrecidos por Ceballos luego de las tomas de estas cárceles, no se especificaron detalles con respecto al traslado de reclusos a otros recintos que ya presentan altos índices de hacinamiento. Tampoco aclaró si tomarán acciones y determinarán responsabilidades de los pranes que tenían el control en estas prisiones. No especificó cuánto armamento hallaron en el operativo ni en cuánto tiempo esperan restablecer el funcionamiento de las instalaciones carcelarias intervenidas.
De acuerdo con Humberto Prado, director del Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP), las intervenciones realizadas por el gobierno en las cárceles carecen de transparencia, ya que quedan muchas preguntas que no han sido respondidas por los encargados del operativo.
Tras las intervenciones a los recintos carcelarios, surgen interrogantes y dudas sobre los problemas pendientes por resolver. TalCual resume algunas:
Más hacinamiento: Humberto Prado destaca que ninguna cárcel del país tiene la capacidad de recibir a los presos desalojados de los penales intervenidos. Esto se debe al alto índice de hacinamiento en los centros penitenciarios.
El OVP en el informe de 2022 registró un hacinamiento en riesgo crítico de 164,19% en las cárceles venezolanas. 28 de los 45 centros de reclusión operativos para ese año exceden la capacidad instalada y están sobrepoblados.
Antes de los operativos, los centros de reclusión intervenidos tenían una población que superaba 40% de su capacidad instalada lo que implica un hacinamiento crítico, explica Prado.
«Lo que hacen es subirle el hacinamiento a la cárcel a la que trasladan a los presos. No es que no tengan razón en trasladar para refaccionar, pero no se puede trasladar a toda una población», dice el presidente del OVP quien advierte que después de los operativos el hacinamiento puede alcanzar 300%.
El objetivo de las intervenciones, según Ceballos, es acabar con las mafias y también recuperar los espacios de los penales. Sin embargo, Prado cuestiona el tiempo que va a durar esa «refacción» debido a que en el pasado se han cerrado prisiones bajo esa misma promesa y las obras están paralizadas.
Actualmente diez cárceles en Venezuela están cerradas: Penitenciaria General de Venezuela, La Planta, el Internado Judicial de San Fernando de Apure, la Cárcel Nacional de Maracaibo, Tocorón, el Internado Judicial Rodeo I, el Centro Penitenciario de los Llanos, Tocuyito, Puente Ayala y La Pica.
Retardo procesal: Con los traslados de privados de libertad se genera otro problema, advierte Prado, ya que se retrasan los procesos judiciales de los reclusos e incrementa el retardo procesal que ya se encuentra en 70%, según cifras del OVP.
«Los presos que estaban en Tocuyito, que los trasladaron a Barquisimeto y otras cárceles cercanas ¿cómo los van a trasladar para los juicios? ¿Cómo van a hacer los familiares para visitar a sus seres queridos? Resolviendo un problema creas otro», señala el especialista.
Reubicación de reclusos: Otro de los problemas que surge con las intervenciones, es el sitio al que trasladan los detenidos y la falta de información oportuna. El OVP aseguró que muchos de los familiares de los reclusos exigen a los responsables de los operativos que presenten una lista para saber a qué penal llevan a sus familiares.
De acuerdo con la información publicada por la ministra de Servicios Penitenciarios, Celsa Bautista, el 28 de octubre, la población penitenciaria que estaba recluida en la cárcel de Tocuyito fue reubicada en penales en los estados Carabobo, Lara, Falcón, Guárico, Miranda, Sucre, Anzoátegui y Barinas.
