El operativo policial que inició el Ministerio de Relaciones Interiores, Justicia y Paz el pasado 20 de septiembre para tomar el Centro Penitenciario de Aragua, mejor conocido como la cárcel de Tocorón, es una medida que obedece a una coyuntura política, más que a una estrategia de seguridad en favor del pueblo.
Así lo consideran el exministro de Comunicación Andrés Izarra, el exfiscal del Ministerio Público, Zair Mundaray, y una exfuncionaria cercana a la gestión de prisiones en el país que conversó con TalCual bajo anonimato.
El exministro Andrés Izarra destaca que la toma de la cárcel de Tocorón no forma parte de una política en materia de seguridad de la administración de Nicolás Maduro. De ser así, «no hubieran dejado que se transformara en una ciudadela del hampa».
«Esto obedece más a una coyuntura política, algunos especulan que debido a las presiones internacionales que pesan sobre Maduro por el carácter transnacional del Tren de Aragua, o negociaciones con Estados Unidos», señala.
Recuerda que la primera vez que escuchó el término de pran o pranato fue durante la gestión de Tareck El Aissami frente al Ministerio de Relaciones Interiores (2008-2012). El paradero de El Aissami se desconoce desde su renuncia como ministro de Petróleo, tras el escándalo de corrupción Pdvsa-Cripto.
Asegura que el madurismo actúa «con golpes de mano para avanzar sobre una situación, no con una visión estratégica o un plan a seguir. Dominados por la situación, improvisan».
El abogado Zair Mundaray, exfiscal y exdirector de Actuación Procesal del Ministerio Público, asegura que el modelo de Estado implantado en los últimos años «no está diseñado para brindar seguridad, está diseñado para el control social, y uno de los mecanismos de control social es que la gente tema a la criminalidad, tema a la extorsión».
Todas las formas de violencia, explica Mundaray, generan mecanismos para que la sociedad no se articule en favor de la democracia. «Por eso es que en el caso venezolano es un modelo de Estado híbrido, que pacta con grupos delincuenciales donde delega territorio y funciones públicas».
Pone como ejemplo el caso de los colectivos y las Cupaz, creadas o apoyadas desde el mismo gobierno o estructuras partidistas oficialistas. Estos colectivos han sido señalados por organismos internacionales como colaboradores en la represión, intimidación y amenaza contra personas opositoras o que perciban como tales.
Probablemente es una coyuntura política, dice Mundaray, pero además de la presión internacional por el crecimiento del Tren de Aragua, también considera que la toma puede responder al cambio de actores políticos.
«El Estado a través de sus instituciones se mantiene a flote con rentas criminales, por eso requiere que haya organizaciones criminales que ejecuten algunas de las acciones, pero que no estorben la actividad del Estado o no crean que pueden empoderarse tanto hasta que no le pongan límites», afirma.
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