Casi 20 años después de iniciado el proceso judicial, se liquidaron tres depósitos a plazo que se encontraban en una institución bancaria y 3.3 millones de dólares que habían sido incautados al dictador Augusto Pinochet fueron transferidos a la cuenta de la Corporación Administrativa del Poder Judicial. Todo esto en el marco del caso Riggs.
El año 2004 la Corte Suprema dispuso que la familia Pinochet debía traspasar al fisco un monto 1,6 millones de dólares a modo de indemnización al Estado. Pero según consigna el diario El Mercurio, ninguno de los herederos de Pinochet reclamó los fondos que no eran parte del comiso en el plazo de seis meses que establece la ley.
Por cierto, la Corte Suprema había concluido que el dictador había incurrido en “conductas que importaron sustracción de caudales públicos” y que sus herederos eran “terceros responsables”.
De todas formas, la defensa de Lucía Hiriart, la viuda del dictador, trató de recuperar los dineros al interponer un recurso para que les fueron devueltos. El problema es que ya era tarde. El recurso fue rechazado por el magistrado De la Barra porque Hiriart “dejó de ser dueña de los bienes en comiso”, como explicó el juez en diciembre de 2021.
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