“Lamentablemente esta Cumbre Amazónica no ha tenido ningún resultado para Venezuela porque el régimen está activamente implicado en el tipo de minería y deforestación que los grandes países preocupados por la Amazonía están tratando de evitar”, dice a DW Cristina Burelli, fundadora de la organización SOS Orinoco.
No obstante, en el marco de este evento, la organización reclamó que el gobierno venezolano fije una fecha para que la realización de una visita técnica de la Unesco en el Parque Nacional de Canaima, declarado patrimonio mundial desde 1994. “Canaima es el sitio de Patrimonio Mundial Natural más biodiverso del mundo. Es muy conocido por el salto Ángel, que es la caída de agua más alta del mundo, y por el tepuy Roraima, una montaña impactante”, recuerda Burelli. No obstante, la riqueza del lugar, que hace frontera con Brasil y Guyana y que cuenta con superficie de más tres millones de hectáreas, está siendo amenazada. “Pensar que dentro de ese parque hay más de 1.500 hectáreas de minería es criminal”, dice, alertando que “eso no se ha detenido, va en auge”.
La visita técnica debía servir para comprobar el estado actual del sitio, y aunque en un principio estaba prevista para septiembre de 2022, fue anulada. “Ya estamos a mediados de agosto y no han vuelto a poner la fecha. Hace un mes que en el documento borrador que la Unesco va a aprobar en la reunión anual del Comité de Patrimonio Mundial en Riad (Arabia Saudita), que va a tener lugar en septiembre, dice que están a la espera de poner la fecha y pide (al gobierno de Venezuela) que con urgencia se dé la fecha de esa misión”, explica la fundadora de la organización.
Patrimonio natural en peligro
“Había fuertes rumores de que había minería ilegal en Canaima. En 2018, con un grupo de especialistas en Venezuela, empezamos SOS Orinoco con el objetivo de documentar y dar visibilidad a la problemática de la Amazonía, del Orinoco y la Guayana venezolana, de crear conciencia de lo que estaba y está ocurriendo y perfilar algunas de las medidas urgentes que se deben tomar para detener este desastre humano y ecológico”, recuerda. “Nuestro compromiso siempre ha sido documentar y realizar un diagnóstico a fondo y académico de la región al sur del Orinoco Sur”, añade.
Con el objetivo de documentar la situación en Canaima se llevó a cabo un primer informe técnico. “Cuando empezamos a hacer ese informe nunca imaginábamos que íbamos a destapar semejante desastre ambiental. Empezamos a descubrir la realidad de esta política minera del Arco Minero que se estaba expandiendo a todas las zonas protegidas al sur de Venezuela. No solo Canaima, sino que todos los parques nacionales y todas las zonas protegidas están siendo impactadas por esta política minera”, lamenta.
Burelli recuerda que el Arco Minero es un decreto de 2016 que abrió la minería a casi 112.000 kilómetros cuadrados. “Fue un decreto ilegal porque no fue aprobado por la Asamblea Nacional que hasta hoy es la única instancia legítima elegida en una elección legítima», la de 2015, recalca. Asimismo, apunta que “hemos descubierto que esta política minera no se circunscribe a esta zona geográficamente delimitada como el Arco Minero, sino que aplica a toda la zona del sur de Venezuela, de manera pragmática, incluso áreas protegidas, esa es la gravedad del asunto. Se está cometiendo un ecocidio en la Amazonía venezolana”.
Acciones más allá de informes
Además de los informes, de los que se han elaborado cerca de una treintena, la organización también está llevando a cabo otras acciones a nivel internacional. “La Unión Europea, Estados Unidos y Canadá están poniendo grandes sumas de dinero para proteger y defender la Amazonía. Nos hemos asegurado de que estos países sepan la realidad. Estamos diciendo que no le den el dinero al Estado venezolano, sino a la sociedad civil que sí puede utilizarlo para proyectos sostenibles que sean alternativas a la minería”, puntualiza.
Asimismo, la organización está presionando para que el oro venezolano sea clasificado como de alto riesgo. “Nos hemos ocupado de que la ONU, la OCDE y los grandes compradores entiendan y sepan que el oro venezolano no se puede tocar”, explica. “Estamos intentando cerrar los mercados principales al oro venezolano, mantener las sanciones de Estados Unidos y Canadá y entiendo que también la Unión Europea está considerando imponer sanciones al oro venezolano”, agrega.
Conjuntamente con el cierre de mercados del oro, la organización también está colaborando con Stop Ecocide Now, una organización que pretende convertir al ecocidio en crimen de lesa humanidad. “El ecocidio que está ocurriendo en Venezuela es la combinación de la criminalización del sector minero en sociedad con el Estado.
Es el gran drama que estamos viendo en la Amazonía actualmente: ya no son las industrias mineras que están explotando la Amazonía, son grupos armados que han invadido y han tomado el control de la minería de prácticamente toda la Amazonía”, lamenta, apuntando a Venezuela como “socio principal de estos grupos armados”.Paralelamente a estas acciones, Burelli está levantando fondos para la sociedad civil en Venezuela. “Está demostrado que tienes que crear oportunidades para substituir esa minería que no es sostenible. Los emprendimientos indígenas, sostenibles, pueden ser alternativas”, concluye, apuntando a actividades como la agroforestería y la artesanía.
DW