Los grupos armados irregulares han venido extendiendo su presencia en Venezuela en la última década, en un proceso que involucra varios factores que han permitido su diseminación y accionar en el país.
De acuerdo con estudios realizados por instituciones independientes especialistas en el tema de seguridad, el crecimiento de la presencia de estos grupos en Venezuela se ha dado a través de la fragmentación del poder y con la anuencia de las autoridades, tanto civiles como militares. E incluso, «en complicidad con funcionarios uniformados y grupos armados de carácter paramilitar», según lo reportó la ONG Alerta Venezuela en un informe divulgado en junio pasado.
La investigación señala que en algunos casos el propio régimen de Nicolás Maduro «ha cedido» a estos grupos irregulares «control sobre porciones del territorio del país o les ha dado funciones dentro de la estructura gubernamental».
En este sentido, estos grupos vienen a «llenar un vacío» en zonas donde el Estado está ausente, no solo en seguridad, sino en otras áreas como justicia, servicios, convivencia comunitaria, protección armada, entre otros, según Alerta Venezuela, reseñó runrun.es.
Unos 50 grupos irregulares activos, algunos incluso en Carabobo
En Venezuela hay 50 grupos irregulares operando a nivel nacional, según reveló una investigación periodística presentada en el pasado mes de febrero en el foro «Así se exporta el crimen organizado», llevado a cabo por el sitio web La Gran Aldea.
De esos grupos forman parte colectivos, megabandas como el «Tren de Aragua», disidencias de la guerrilla colombiana, grupos autodefensas y pandillas. El estudio consideró también «cierta presencia» de cárteles mexicanos.
Las zonas con mayor actividad de crimen organizado en Venezuela son las fronterizas y mineras y, además, el estudio señala a estados como Carabobo, Aragua, Miranda, Distrito Capital, Lara, Yaracuy y Trujillo.
Una de las razones que han propiciado ese avance de estos grupos es la economía ilegal, según explicó recientemente el experto en temas de seguridad, Alberto Ray, durante un debate organizado por el Observatorio Geopolítico de América Latina (OGAL), dirigido por el político venezolano Antonio Ledezma.
«La economía ilegal pone en peligro el destino de la economía mundial, en la medida en que se va legalizando la actividad criminal», dijo Ray, según una nota de prensa del evento, informó elnacional.com.
Ray indicó que el 61% del territorio venezolano está controlado por grupos irregulares» y «todo eso ocurre porque la impunidad es el bono que los Estados entregan a las mafias».
Estado débil, una de las causas
En el evento también estuvo presente María Paula Romo, exministra de Gobierno de Ecuador, quien en el contexto de los recientes sucesos en ese país, donde en medio de la campaña electoral fueron asesinados tres dirigentes políticos, entre ellos un candidato a presidente, y las denuncias de la penetración del narcotráfico en la política, aseguró que en el continente se está «jugando la supervivencia democrática».
Con información de Diario Las Américas