Más de 130 organizaciones venezolanas e internacionales rechazamos la detención arbitraria e irregular de 33 hombres gays/bisexuales en una sauna del estado Carabobo, Venezuela, el escalamiento de la política de Homofobia de Estado y de algunos medios de comunicación contra las personas LGBTIQ+.
El domingo 23 de julio de 2023 funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana allanaron de manera arbitraria e irregular una sauna privado para hombres homosexuales/bisexuales localizado en una zona comercial de la ciudad de Valencia, Estado Carabobo, donde detuvieron sin orden judicial ni de captura a 33 hombres adultos gays y bisexuales, alegando que supuestamente habían recibido denuncia anónima por contaminación sónica.
Durante el allanamiento no se encontraron menores de edad ni ningún tipo de sustancias ilícitas, según el acta policial. Varios de los detenidos denunciaron que algunos funcionarios policiales les exigieron el pago de 500 a 1000 dólares americanos para ser liberados en ese momento.
El lunes 24 de julio la policía no les garantizó la protección de la privacidad, identidad e integridad a los 33 detenidos, puesto que les sometieron al escarnio público por ser homosexuales, mostraron públicamente sus rostros, nombres y apellidos, cédulas de identidad, fotografías, celulares y condones, informaron que uno de los detenidos tenía el Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH) y que algunos teléfonos personales mostraban contenido sexual, como pruebas del supuesto delito cometido, lo que fue difundido por redes sociales de varios medios de comunicación y periodistas.
Estos hechos ocasionaron críticas, discriminación, estigma y señalamientos públicos que dañaron de manera irreversible la dignidad de estas personas y sus familiares, lo que llevó a que distintos sectores rechazaran lo ocurrido y se sumaran a pedir justicia para los 33 afectados.
La detención de estos 33 hombres adultos superó las 48 horas en la Delegación de Los Guayos en Valencia, en cuyo lapso no se les permitió tener contacto con sus familiares y abogados.
La noche del miércoles 26 de julio la jueza Marialba Villarreal del tribunal del Palacio de Justicia del Estado Carabobo admitió la imputación del Ministerio Público con los delitos “Ultraje al pudor, agavillamiento y contaminación sónica”, liberando solo a 30 de los 33 hombres con el régimen de presentación cada 30 días, en el lapso de 6 meses para efectuar el juicio y otorgar libertad plena. Los otros 3 hombres que quedaron detenidos y trasladados a una celda con delincuentes comunes, les exigen la presentación de fiadores para su liberación.
Oranizaciones exigen justicia para los 33
Destacamos que un grupo de personas adultas mayores de edad con el consentimiento de las partes que se reúnan en un lugar privado de manera privada con fines lícitos, de expansión e incluso sexuales, donde no se evidencie el ofrecimiento de material grabado de forma pública y a la venta, no constituye delito alguno, por lo tanto no se considera ultraje al pudor ni tampoco agavillamiento.
Esta nueva arremetida de criminalización por parte del Estado venezolano se suma a la lista de violaciones de derechos humanos de las personas LGBTIQ+, quien ha evidenciado incumplir sus obligaciones constitucionales de garantizar la igualdad de todas las personas ante la ley y la no discriminación por ningún motivo, como respuesta a los hechos de odio y estigmatización motivados por la orientación sexual, identidad de género y expresión de género.
Todas esta situaciones contradicen lo expresado por el representante de Venezuela en el Consejo de Derechos Humanos ONU Señor Emilio Barroeta, durante la 53ª sesión del Consejo de Derechos Humanos de la ONU durante el debate del informe del Experto Independiente sobre la orientación sexual y la identidad de género (junio 2023).
“La erradicación de toda práctica discriminatoria y el empoderamiento de los grupos vulnerables para el pleno ejercicio de sus derechos como las personas sexo diversas constituyen una prioridad para el Estado venezolano” y el cumplimiento de “la orden ejecutiva Nro. 6 del año 2016 en la cual se reafirma la igualdad y el pleno goce de los derechos humanos de las personas LGBTI+ sin discriminación alguna”, señaló.
Alertamos que las detenciones arbitrarias e irregulares y la judicialización de los 33 hombres en Venezuela motivadas por la orientación sexual se pudieran convertir en un patrón criminalizador de la población LGBTIQ+, que contradice lo establecido en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (CRBV) y los acuerdos y tratados sobre derechos humanos suscritos por la Nación en el sistema internacional de derechos humanos.
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