El Tribunal Segundo de Primera Instancia en funciones de Juicio del Área Metropolitana de Caracas condenó a 16 años de prisión a seis líderes sindicales y activistas de derechos humanos, detenidos desde julio de 2021, por los delitos de conspiración y asociación para delinquir.
Así lo informó la Coalición por los Derechos Humanos y la Justicia a través de sus redes sociales.
La oenegé denunció que las únicas pruebas promovidas por la Fiscalía contra Alcides Bracho, Gabriel Blanco, Emilio Negrín, Alonso Meléndez, Néstor Astudillo y Reynaldo Cortés fueron unas capturas de pantalla y mensajes escritos en Twitter.
Los seis se encuentran detenidos en la sede de la Policía Nacional Bolivariana en La Yaguara.
El sindicalista Emilio Negrín y los activistas sociales y políticos Néstor Astudillo, Reynaldo Cortés y Alonso Meléndez fueron detenidos en distintos procedimientos ejecutados por funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana y la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim).
Estos últimos incluyeron detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas, allanamientos ilegales y actos de hostigamiento, según la organización no gubernamental.
La única detención que fue ajustada a la «legalidad» fue la del defensor de derechos humanos Gabriel Blanco, gracias a la presión que ejercieron decenas de vecinos del trabajador humanitario y al papel de actores de la sociedad civil, quienes se mantuvieron alerta ante la actuación irregular de los funcionarios del Dgcim.
Acusan a jueza de «seguir ordenes»
Yorbelis Oropeza, esposa de Alcides Bracho, señaló que «una vez más que el gobierno de Nicolás Maduro y toda su comitiva han cometido una vez más un acto contra los derechos humanos, ha sentenciado a seis hombres inocentes y sin ningún tipo de prueba a 16 años de prisión, una vez más comprobamos que en este gobierno se criminaliza la protesta».
Oropeza acusó a la jueza de «cumplir órdenes» y condenó «a una familia a no estar con sus seres queridos, ha condenado a un país, ha condenado a un grupo de personas que creemos en la justicia y la libertad, pero no nos va a amilanar».
Además, dijo que Venezuela sí necesita intervención de organismos internacionales ante una decisión judicial contra un grupo de hombres que solo pidieron sueldos justos.
El partido La Causa R y su candidato a la primaria, Andrés Velásquez, condenaron estos hechos. La organización calificó la sentencia como «infame contra unos defensores de los DD. HH. y los derechos de los trabajadores por una mejor calidad de vida».
Dijo que se trata de un «juicio amañado, sin ninguna prueba en su contra. Un castigo espantoso para ellos y sus familias. La justicia en Venezuela es una farsa».
Mientras que la Plataforma Unitaria rechazó «esta nueva violación de los derechos humanos», por un juicio que estuvo «plagado de vicios procesales a seis luchadores sociales que estuvieron al frente de las protestas ejerciendo sus derechos y rechazando el instructivo dictado por la Oficina Nacional de Presupuesto (Onapre) durante 2022″.
Por Tal Cual
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