La detención de dos dirigentes sindicales de la estatal venezolana Siderúrgica del Orinoco, que cumplen un mes presos este martes, es para especialistas y defensores de los derechos laborales en Venezuela una prueba de la pérdida del derecho a la libertad sindical en el país.
El caso de Daniel Romero y Leonardo Azócar, detenidos el 11 de junio por en el estado Bolívar por exigir mejoras salariales y el cumplimiento del convenio colectivo en Sidor, comprueba que «en Venezuela la libertad sindical es discrecional e inexistente», dijo a Efe Carlos Salazar, coordinador de la Coalición Sindical Nacional, que agrupa a más de 100 organizaciones.
Persecución y abuso
Salazar considera que Venezuela está en cero en materia de derechos humanos y laboral, y se mantienen hechos de persecución y abuso contra quienes alzan la voz en nombre de los trabajadores.
Con esto coincide el abogado León Arismendi, miembro del directorio del Instituto de Altos Estudios Sindicales, para quien ni siquiera la presencia de la Organización Internacional del Trabajo sirve para evitar que el Ejecutivo siga invocando razones de seguridad nacional para violar derechos implícitos en la libertad sindical.
Liberación inmediata, una exigencia
La ONG Provea señaló recientemente que la represión por motivos políticos persiste y que desde hace un año las personas que defienden derechos humanos laborales corren mayor riesgo de ser privadas de libertad.
De acuerdo con el cómputo de Provea, el gobierno de Nicolás Maduro ha detenido en lo que va de año a 20 trabajadores de Sidor por exigir sus derechos laborales, 18 de ellos apresados en enero y posteriormente liberados.
A esa cifra se suman los 6 dirigentes gremiales detenidos entre el 4 y el 7 de julio de 2022, identificados como Alcides Bracho, Emilio Negrín, Gabriel Blanco, Reinaldo Cortez, Néstor Astudillo y Alonso Meléndez, quienes permanecen presos por los delitos de asociación para delinquir y conspiración, dijo a Efe su abogado Eduardo Torres.
EFE
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