El gobierno de Nicolás Maduro ataca a los actores religiosos en Venezuela y aplica contra algunas figuras la ley contra el odio, que usa para perseguir a líderes de la oposición. Así lo reveló el Informe sobre Libertad Religiosa Internacional, correspondiente al año pasado, que realiza el Departamento de Estado de Estados Unidos.
Recordó varios hechos que tuvieron mayor notoriedad. En mayo pasado Rafael Lacava, gobernador del estado Carabobo, demandó al padre Alfredo Infante, superior de los jesuitas en el país y coordinador de derechos humanos del Centro Gumilla, por difamación luego de la publicación de un informe anual en el que participó junto a la ONG Provea.
“Según el informe anual divulgado el 14 de marzo, en 2021 hubo 221 ejecuciones extrajudiciales en Carabobo, la tasa más alta del país. En una rueda de prensa para la presentación del informe, el padre Infante y el director de Provea, Marino Alvarado, pidieron que se investigue el papel de la Policía Nacional en las ejecuciones extrajudiciales”, señala el texto.
Indicó que en junio, el abogado del padre Infante llegó a un acuerdo con los legisladores chavistas y aclaró públicamente que la intención del informe y las declaraciones de los activistas no era acusar directa o indirectamente a Lacava por los crímenes, sino alentar la investigación de los casos para que las víctimas tengan acceso a la verdad, la justicia y una protección efectiva.
Preocupación por la crisis en el país
Documentó también que representantes de la Conferencia Episcopal Católica de Venezuela y del Consejo Evangélico de Venezuela dijeron que los líderes del régimen y leales acosaron verbalmente al clero y otros miembros de sus comunidades religiosas por continuar llamar la atención sobre la crisis humanitaria del país y por otras críticas al chavismo.
En el informe se dijo que la iglesia católica expresó su preocupación por el estado político y social del país.
El 21 de febrero, puntualizó, el arzobispo Jesús González de Zárate, presidente de la Conferencia Episcopal de Obispos Católicos de Venezuela, manifestó su preocupación por los crecientes flujos migratorios debido a la crisis económica y humanitaria en el país.
Luego, el 15 de junio, el administrador apostólico de la Arquidiócesis de Caracas y arzobispo metropolitano de Mérida, cardenal Baltazar Porras, dijo que la dirigencia política del país no valora a la sociedad venezolana y que carece de criterio para generar propuestas y buscar soluciones a la situación del país.
Limitaciones y dificultades
El Departamento de Estado señaló que, según un representante de la iglesia católica, el régimen hizo una pausa o dejó de financiar por completo algunas escuelas católicas, que generalmente se encuentran en áreas empobrecidas. Un hecho descrito como parte del intento del chavismo de limitar las acciones y la influencia de la iglesia.
Los representantes también mencionaron dificultades para obtener visas religiosas para sacerdotes. Y dijeron que muchos miembros del personal de la iglesia católica internacional no pudieron obtener visas religiosas y tuvieron que ingresar con visas de turista, que requieren tarifas de renovación que representan una carga financiera para la iglesia.
Abuso sexual: ¿culpa de quién?
En el informe se citó un artículo publicado en junio por el Washington Post en el que se señaló que al menos la mitad de los sacerdotes del país que fueron condenados por abuso sexual de niños, niñas o adolescentes entre 2001 y 2022 no cumplieron sus condenas completas o no cumplieron prisión, y que en al menos en tres casos, los sacerdotes condenados regresaron a trabajar en las iglesias y continuaron ejerciendo su ministerio.
Según la ONG de derechos de la niñez Cecodap, estos casos reflejan un alto nivel de impunidad en el país. El 19 de junio, Cabello dijo que esto era responsabilidad exclusiva de la iglesia católica y que la justicia no tenía la culpa.
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