Amnistía Internacional (AI) expresó el jueves su honda preocupación por la situación que enfrentan las personas en necesidad de protección internacional en la frontera de Perú y Chile, a raíz del endurecimiento y militarización de las medidas de control en ambos países, que pidió sean derogadas.
A través de una carta abierta firmada por su directora para las Américas, Erika Guevara, AI recordó que Chile emitió un decreto que otorga a las Fuerzas Armadas las facultades de control de identidad, registro y detención en la frontera, mientras que Perú declaró un estado de emergencia que restringe la libertad de tránsito, entre otros derechos, y faculta a los militares a apoyar a la Policía en el control del orden interno.
«La implementación de estas medidas han desatado una crisis humanitaria en la frontera de ambos países en las últimas semanas, donde se estima que alrededor de 300 personas, en su mayoría venezolanas, así como haitianas y de otras nacionalidades, se encuentran varadas», anotó la organización.
Ante esta situación, Amnistía recalcó que toda persona tiene derecho a buscar asilo y, en ese sentido, «las personas venezolanas y haitianas tienen necesidades de protección internacional», con base en instrumentos internacionales suscritos por Chile y Perú.
De acuerdo con información de la plataforma de Coordinación Interagencial para Refugiados y Migrantes de la ONU, más de 7,23 millones de venezolanos han salido de su país en los últimos años debido a «masivas violaciones de los derechos humanos, una crisis humanitaria compleja e inclusive por la comisión de crímenes de lesa humanidad».
A su vez, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y el Comité de las Naciones Unidas para la Eliminación de la Discriminación Racial han señalado que las personas haitianas «no pueden ser regresadas a su país debido a la grave crisis humanitaria y de derechos humanos que enfrenta el país».
En ese sentido, AI plantea que los estados pueden acudir a la determinación colectiva de la condición de refugiado (también conocida como reconocimiento prima facie) para responder a las necesidades de protección y facilitar su asistencia.
La organización «insta a Chile y Perú a que utilicen la definición ampliada de refugiado de la Declaración de Cartagena e implementen sin demora esta medida determinación colectiva, porque simplificaría y aceleraría la tramitación de las solicitudes de asilo».
Asimismo, pide a ambas naciones corregir sin demora las prácticas y medidas vigentes que limitan o suspenden el acceso al procedimiento para el reconocimiento de la condición de refugiado, y a cesar cualquier práctica ilegal que restringe el derecho humano a solicitar asilo.
Por otro lado, respecto a los anuncios de llevar a cabo vuelos de repatriación a Venezuela, Amnistía Internacional también exhortó a las autoridades a que realicen análisis detallados de las posibles necesidades de protección internacional de las personas venezolanas, y asegurarse del carácter voluntario del retorno a Venezuela, con el fin de asegurar el pleno respeto del principio de no-devolución.
Con respecto a la presencia de militares en la frontera, la organización pidió a Perú y Chile retirar a las fuerzas armadas de las tareas de seguridad ciudadana, incluyendo los operativos de control de identidad de personas refugiadas y migrantes, y derogar los decretos que las facultan en esas labores.
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