Desde el 8 de enero, al menos 670 personas identificadas como presos políticos han sido liberadas en Venezuela, según reporta la ONG Foro Penal. Este proceso de excarcelaciones comenzó tras un anuncio oficial sobre la liberación de un «número importante» de detenidos y continuó luego de la aprobación de la Ley de Amnistía en febrero.
Alfredo Romero, director presidente de Foro Penal, informó esta cifra el domingo a las 3:00 pm a través de la red social X. Sin embargo, no especificó cuántos de estos liberados cuentan con libertad plena o cuáles permanecen sujetos a procedimientos judiciales y medidas cautelares, como la obligación de presentarse ante tribunales o la prohibición de salir del país.
Además, Romero aclaró que la cifra incluye excarcelaciones tanto previas como posteriores a la aprobación de la Ley de Amnistía, la cual fue promulgada por el Parlamento venezolano, dominado por el oficialismo.
El pasado viernes, el Legislativo informó que 7.654 personas se han beneficiado con la Ley de Amnistía, de las cuales 247 estaban detenidas y 7.407 tenían medidas cautelares. La ley no concede la amnistía de forma automática, sino que debe ser tramitada ante un tribunal. Foro Penal ha calificado esta legislación como excluyente, ya que limita su alcance a 13 eventos específicos durante 27 años de gobierno chavista, dejando fuera casos relacionados con golpes de Estado e intentos de magnicidio denunciados por el propio gobierno.
Casos emblemáticos como el asalto a un fuerte militar en 2017, la incursión marítima llamada Operación Gedeón en 2020, y el supuesto intento de magnicidio con drones en 2018 —que involucra a Henryberth Rivas— no están contemplados en la amnistía.
En palabras de un familiar de uno de los presos, quien duerme en un campamento fuera de la cárcel Rodeo I, «Es un tema de voluntad política. El caso dron es totalmente político y se va a resolver de manera política, porque no hay otra».
Este proceso de excarcelaciones sigue en desarrollo y refleja un cambio parcial en la política del Estado hacia los presos políticos, aunque con limitaciones claras por la permanencia de medidas judiciales.
Información basada en reportes publicados por El Nacional.