El lunes 21 de octubre, 27 militares presos en el Centro de Procesados y Penados Militares (Cepropemil) de Charallave, estado Miranda, iniciaron una huelga de hambre para exigir seguridad dentro de las celdas tras recibir amenazas por parte de presos comunes y custodios.
Los militares detenidos denunciaron que recibieron amenazas de secuestro por parte de presos comunes e intimidaciones de los custodios del centro de reclusión, de acuerdo con Sandra Hernández, esposa del sargento detenido Luis Bandres.
Hernández responsabilizó al general Luis Marcel Ojeda Araujo, director del centro; al coronel José Manuel Bello Pérez; y al mayor Adán Andre Abad Zambrano, por cualquier cosa que le pueda suceder a su esposo y a los demás detenidos.
Familiares temen por la vida de los militares presos en Charallave
La esposa del sargento mayor de tercera Geomer Martínez, detenido por el caso Cotiza, explicó que la situación de inseguridad en el centro se acrecentó luego de que los detenidos protestaran para pedir atención médica para un policía detenido que se cayó de una cama litera.Los custodios indicaron que los detenidos recibirían «una sorpresita» por haber protestado, según la esposa de Martínez.
Por otra parte, Dilienyi Escalona, hermana del sargento de segunda Édgar Jesús Díaz Cárdenas, otro de los funcionarios detenidos en Cepropemil, también hizo un video en el que hace responsable de la vida de su pariente y de los demás apresados a las autoridades del centro.
Escalona reveló que el pasado 17 de octubre ocurrió un motín en el que presos comunes trataron de agredir a los funcionarios detenidos y los amenazaron con un segundo motín.
Los 24 militares detenidos en Charallave se sublevaron en enero de 2019 e intentaron tomar por la fuerza el comando de la Guardia Nacional de Cotiza para desconocer a Nicolás Maduro en medio de una ola de manifestaciones antigubernamentales, pero ante el fracaso de su movimiento, recibieron penas de hasta 15 años de prisión.