Al menos 23 personas, entre ellas tres menores de edad, fueron “asesinadas” el fin de semana por miembros de las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES), según denunció la Organización No Gubernamental, Provea.
Marino Alvarado, coordinador de la organización defensora de derechos fundamentales, cuestionó el silencio que las autoridades venezolanas han mantenido sobre el supuesto enfrentamiento entre bandas criminales y cuerpos de seguridad durante un operativo policial en la parroquia La Vega, zona popular ubicada en el oeste de la capital venezolana.
“Ya los familiares han empezado a denunciar cómo personas fueron detenidas y posteriormente ejecutadas. Del 2010 a agosto del 2020 más de 27.000 personas han sido asesinadas en Venezuela por cuerpos policiales y militares. Y dónde está la voz del Defensor del Pueblo, dónde está la denuncia de Alfredo Ruíz frente a esta grave violación de derechos humanos, lo exhortamos a que le explique al país qué fue lo que pasó”, dijo Alvarado.
“Por qué hay 23 muertos y no hay heridos ni de los presuntos delincuentes ni de los funcionarios policiales y militares. Él que participó en la Reforma Policial en el año 2006, sabe muy bien que cuando se hizo el estudio de las policías en el país, se estableció que cuando había una gran cantidad de víctimas de parte de los presuntos delincuentes y del lado de los funcionarios policiales no había prácticamente ni heridos ni muertos, estaba frente a ejecuciones extrajudiciales”, agregó.
El activista de derechos humanos afirmó que “en La Vega hubo una masacre y el Defensor del Pueblo debe darle la cara al país”.
Las FAES son un cuerpo élite de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) que la Alta Comisionada de la ONU para derechos humanos, Michelle Bachelet, pidió disolver el pasado año después de diversos señalamientos sobre supuestas ejecuciones extrajudiciales.
Al respecto, el presidente interino Juan Guaidó, sostuvo que “la masacre, es el resultado del régimen por haber armado a las bandas criminales para someter a nuestra gente”.
“Venezuela sufre los efectos de que el régimen por años armó bandas criminales, ampara el narcotráfico y desde el lenguaje de odio secuestra el poder. La ONU solicitó que se desmantelara el FAES, órgano de exterminio para el control social. No ha pasado. No podemos normalizarlo”, escribió Guaidó en su cuenta de Twitter.
En noviembre pasado, el fiscal del gobierno en disputa, Tarek William Saab, admitió que habían recibido denuncias vinculadas a las FAES y dijo que iniciarían investigaciones sobre varios casos.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) se pronunció sobre el caso reciente, exhortando al Estado a investigar las muertes.
“La CIDH insta al Estado a investigar con debida diligencia estas muertes, y a sancionar a quienes resulten responsables. Asimismo, reitera su recomendación de disolver las FAES, cuerpo de seguridad señalado como responsable de numerosas ejecuciones extrajudiciales”, publicó el martes la CIDH en su cuenta de Twitter.
El sábado el Comandante de las FAES, Miguel Domínguez, escribió en la misma red social: “En el barrio donde antes imponía terror una banda criminal, hoy se encuentra desplegada la PNB FAES, brindando seguridad y protección en la parroquia”.
Hasta el momento no ha ocurrido otro pronunciamiento oficial acerca de la denuncia reciente.
De acuerdo al Observatorio Venezolano de Violencia, desde el 2016 han evidenciado un “aumento sostenido de la letalidad policial en relación a las muertes provocadas por delincuentes”.
Según su informe anual presentado el mes pasado, se registraron al menos 11.891 muertes violentas, ubicando a Venezuela como el país de América Latina donde se registran más muertes violentas.
VOA
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